En el complejo ámbito electoral de México, el crimen organizado ha dejado una huella indeleble que va más allá de la violencia. A lo largo de los años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha documentado cómo estos grupos han influido en diversos procesos electorales, poniendo en jaque la integridad del voto y de la democracia misma. Casos emblemáticos, como el de Las Margaritas en Chiapas en 1997 —donde más del 20% de las casillas fueron afectadas por guerrilleros— y eventos posteriores en Torreón, Coahuila, y Veracruz en 2010, nos recuerdan que la amenaza es constante y variada.
Las elecciones de 2021 en Michoacán, con el secuestro de urnas, resaltan aún más la urgencia de establecer medidas concretas. A medida que se discuten reformas electorales, es fundamental proponer acciones que protejan el proceso electoral de estas injerencias nocivas. La implementación de un sistema que garantice la bancarización de todas las contribuciones privadas dirigidas a actores políticos es un primer paso crucial. Esto no solo facilitaría la trazabilidad de los fondos, sino que también contribuiría a asegurar que los recursos provienen de fuentes lícitas.
Asimismo, es esencial crear un registro público accesible de todas las candidaturas. Este mecanismo permitiría una mayor transparencia y facilitaría la denuncia de irregularidades. En conjunto, la posibilidad de presentar denuncias anónimas a través de plataformas electrónicas brindaría a ciudadanos y candidatos una herramienta poderosa para combatir el miedo y la represión. La protección de candidatos en áreas de alto riesgo debería ser una prioridad, incluyendo, si es necesario, medidas de seguridad para sus familias.
Durante las elecciones, se debería evaluar seriamente la viabilidad del voto anticipado por internet y del voto postal en zonas de alto riesgo. Estos mecanismos han demostrado su eficacia entre los mexicanos residentes en el extranjero y podrían ser una solución viable para aquellos que enfrentan amenazas en el ámbito local. Además, es fundamental establecer centros de votación seguros, vigilados por autoridades competentes, y considerar la reubicación de los cómputos de resultados en sedes más seguras, como las oficinas del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Electorales Locales.
Para procesos de participación ciudadana como el de la Revocación de Mandato, será crucial que si se evidencia el uso de prácticas ilícitas por parte de un candidato, se implementen medidas que permitan la revocación inmediata del mandato. Este punto es esencial para mantener la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana.
La constante presión, las amenazas y el financiamiento ilícito son tácticas que desvirtúan las elecciones, comprometiendo la estabilidad democrática de nuestro país. La responsabilidad de proteger la democracia no debe recaer únicamente en las autoridades electorales; requiere la colaboración activa de todos los sectores de la sociedad. Solo así se podrá garantizar que cada ciudadano ejerza su derecho al voto de forma segura y confiable.
En este contexto, la voz de la ciudadanía se vuelve fundamental. La participación activa y el debate son vías para enfrentar juntos las adversidades y asegurar un futuro electoral más limpio y transparente para México.
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