La crisis de suministro de medicamentos en las instituciones públicas de salud continúa siendo un tema pendiente con un desenlace incierto. En un contexto marcado por licitaciones inacabas, deudas acumuladas con empresas farmacéuticas y falta de un marco regulatorio claro, la situación no parece tener una pronta solución.
El Secretario de Salud, David Kershenobich, está al tanto de la problemática y mantiene el diálogo abierto con todos los actores del sector, tanto públicos como privados. Sin embargo, los problemas persisten y los acuerdos son escasos. Las licitaciones para la adquisición de medicamentos de 2026 se cancelaron por casos de corrupción en el proceso, dejando aún seis trámites sin resolver. A estas alturas, deberían haber finalizado esos trámites para asegurar el suministro adecuado antes de que finalice el año o a principios de 2026. Las dificultades para cumplir con estos plazos son evidentes, ya que las empresas farmacéuticas requieren al menos seis meses para la producción de los fármacos solicitados.
El panorama se complica aún más con una deuda que sobrepasa los 23,000 millones de pesos, cifra que podría rozar los 40,000 millones de pesos. Esta situación coloca a muchas empresas en riesgo, ya que las autoridades sanitarias, incluyendo la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, no establecen plazos claros ni realizan los pagos correspondientes, a pesar de seguir recabando medicamentos sin garantizar el pago por ellos.
Adicionalmente, la falta de un marco regulatorio que dé certidumbre al proceso de compra y suministro de medicamentos es evidente. La falta de transparencia en las fechas de licitación y autorización de nuevos fármacos contribuye a la falta de avance en el sistema. A nivel del gremio farmacéutico, existen hasta 7,000 documentos que permanecen estancados, y el rezago de medicamentos supera el 40% de lo que realmente se necesita.
En cuanto al sector privado, aunque no enfrenta un rezago de medicamentos, la regulación y la falta de autorización para nuevas moléculas complican el tratamiento adecuado de diversas enfermedades. Algunas clínicas han reportado prácticas irregulares que resultan en hospitalizaciones innecesarias y cirugías cuestionables, lo que afecta tanto a los pacientes como a las aseguradoras. La prioridad de muchos médicos ha pasado a ser la póliza de seguro del paciente, disminuyendo la calidad de la atención médica.
El sector asegurador, que abarca a aproximadamente 13 millones de personas, se encuentra en la búsqueda de regular estas irregularidades. A través de encuestas y plataformas abiertas, busca que los pacientes puedan exponer cualquier anomalía, al mismo tiempo que trabaja con los hospitales para hacer más transparentes los gastos vinculados a la atención médica.
Es importante señalar que el grupo de personas mayores de 60 años representa el 16% de los asegurados pero genera el 44% del gasto, un escenario que también afecta a los hospitales públicos y que enfrenta un deterioro de los servicios, provocando en muchos casos situaciones preocupantes para la salud de esta población vulnerable.
La urgencia de una solución en el ámbito de la salud es cada vez más apremiante. Sin un remedio efectivo a esta situación, las consecuencias podrían ser aun más devastadoras.
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