Seguridad Nacional envía cientos de citaciones.

La creciente presión del Departamento de Seguridad Nacional sobre las empresas tecnológicas ha despertado alarmas en la sociedad civil. Recientemente, este departamento ha intensificado la demanda de información sobre los propietarios de cuentas en redes sociales que critican a Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este escenario ha sido documentado por diversos medios, que destacan un cambio drástico en las prácticas del gobierno.

En informes previos, se revelaron cinco casos en los que el Departamento buscó identificar a los propietarios de cuentas anónimas en Instagram, solo para retirar sus citaciones tras las demandas de los usuarios afectados. Esta acción forma parte de un patrón más amplio en el uso de citaciones administrativas, un método que permite al Departamento actuar sin la aprobación judicial, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la vigilancia y la privacidad de los ciudadanos.

Según los últimos reportes, un enfoque que antes se utilizaba de manera esporádica se ha convertido en una práctica habitual, con el departamento enviando cientos de estas citaciones a grandes plataformas como Google, Reddit, Discord y Meta. Estas citaciones están dirigidas a cuentas que carecen de nombres reales y que han emitido críticas hacia ICE o que han compartido información sobre la ubicación de sus agentes.

Las reacciones de las empresas tecnológicas han sido variadas. Se ha confirmado que Google, Meta y Reddit han cumplido con ciertas solicitudes, aunque Google ha reiterado su compromiso de notificar a los usuarios sobre estas citaciones siempre que sea posible y de desafiar aquellas que considera desproporcionadas. Esta respuesta indica un complejo equilibrio entre la cooperación con las autoridades y la defensa de la privacidad del usuario.

En resumen, la interacción entre el Departamento de Seguridad Nacional y las plataformas tecnológicas está en el punto de mira, con implicaciones significativas para la libertad de expresión y la privacidad en la era digital. La información presentada se basa en datos de febrero de 2026 y refleja una situación en constante evolución que continúa suscitando debates cruciales sobre los derechos civiles y la vigilancia gubernamental.

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