El Senado de la República de México ha dado un paso significativo en la lucha contra la desaparición forzada de personas, al aprobar una serie de reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas modificaciones buscan fortalecer las capacidades del Gobierno federal en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, implementando protocolos que respeten los derechos humanos.
Con un voto mayoritario de 68 a favor, 27 en contra y seis abstenciones, se aprobó en lo particular el dictamen que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población. En términos generales, la reforma recibió un respaldo aún más contundente, con 89 votos a favor y solo 13 en contra para las modificaciones a la ley sobre desapariciones.
Entre las reformas clave se destaca la implementación de una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que incluirá huellas dactilares y fotografía, convirtiéndose en el documento nacional de identificación con aceptación universal en México. Esto facilitará un acceso más coordinado a la información sobre personas desaparecidas, unificando bases de datos y promoviendo una respuesta más ágil y efectiva ante estos trágicos casos.
Además, se incorpora una Plataforma Única de Identidad que se conectará con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses, permitiendo a las autoridades realizar búsquedas continuas y exhaustivas. Esta estrategia busca maximizar la eficacia de las fiscalías y comisiones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, facilitando el intercambio de información vital.
También se modifica el término de procuradurías locales a fiscalías locales, lo que implica un enfoque más contundente y especializado en la lucha contra la desaparición de personas. La Secretaría de Gobernación tendrá la responsabilidad de integrar los datos biométricos a la CURP, garantizando que las medidas se alineen con la normativa en materia de protección de datos personales.
Estas reformas marcan un hito en los esfuerzos por atender una problemática alarmante en el país y reflejan la urgencia de mejorar los mecanismos de búsqueda y respuesta ante la desaparición de personas. Con este nuevo marco legal, el gobierno espera avanzar hacia una cultura de justicia y capacidad de respuesta que beneficie a quienes enfrentan esta dolorosa realidad.
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