Con la economía mexicana atravesando un período de estancamiento, creciendo a un ritmo inferior al 1% anual, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha un plan ambicioso de inversión pública que pretende impulsar el desarrollo del país. En un evento realizado en Palacio Nacional, la mandataria anunció el lanzamiento de un proyecto que movilizará más de 5.6 billones de pesos durante su mandato, destacando que la inversión pública aumentará en 722,000 millones de pesos este año, equivalente al 2% del PIB.
Sheinbaum subrayó que esta inyección de recursos se destinará a sectores fundamentales, como carreteras, agua y energía, lo que se plantea como una estrategia clave para el fortalecimiento del denominado “Plan México”. Esta iniciativa surge en un contexto económico preocupante; el PIB del país creció solo un 0.7% el año pasado y, sin reformas fiscales a la vista, la situación requiere medidas urgentes y efectivas.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, presentó detalles sobre un ambicioso portafolio que contempla más de 1,500 proyectos en áreas como energía, transporte y aeropuertos, con un horizonte que abarca desde 2026 hasta 2030. Para llevar a cabo estos proyectos, el Gobierno colaborará con el sector privado, creando vehículos financieros que permitan la inversión conjunta. Esta sinergia tiene como objetivo no solo atraer capital privado, sino también garantizar que el Gobierno recupere la titularidad de las obras una vez finalizadas.
Bajo esta estrategia de inversiones mixtas, se delinearán las reglas de operación y los objetivos sociales claros, permitiendo que los beneficios y riesgos se compartan equitativamente entre el Estado y los inversionistas privados. Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), enfatizó la necesidad de que el Gobierno mantenga una mayoría en las empresas que surjan de estas colaboraciones, asegurando así un control más efectivo sobre la ejecución de los proyectos.
La urgencia de esta iniciativa va de la mano con el bajo desempeño de la actividad económica nacional. Con un presupuesto aprobado de 10.1 billones de pesos y un déficit fiscal del 4.3%, la administración está buscando alternativas innovadoras para apuntalar la inversión pública. Este enfoque incluye no solo un aumento en las inversiones públicas, sino también la implementación de una nueva legislación que promueva la inversión, facilitando el acceso a fondos y créditos.
Así, México se encuentra en un momento crítico, donde la combinación de inversión pública y privada podría ser el camino hacia la recuperación económica. A medida que se implementen estas medidas, la capacidad del Gobierno para reactivar su economía dependerá en gran parte de la eficacia de este plan y de la colaboración con el sector empresarial.
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