La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una iniciativa de reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), con el objetivo de aumentar significativamente los aranceles sobre productos importados desde países con los que México no mantiene acuerdos comerciales. Esta estrategia busca pasar de un rango de aranceles actuales que oscila entre el 10% y el 20% a entre el 35% y el 50% en ciertos casos, afectando a más de mil fracciones arancelarias.
Las industrias que más se verían impactadas por esta medida abarcan sectores cruciales como el automotriz, textil, vestido, plásticos, electrodomésticos, aluminio, juguetes, y muebles, entre otros. La iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por fortalecer la industria nacional y proteger áreas estratégicas de la economía mexicana. La propuesta, que forma parte de la miscelánea fiscal del paquete económico para 2026, se presenta como un mecanismo para “impulsar el Plan México e impulsar el mercado interno”.
Específicamente, el documento señala que la economía nacional ha estado demasiado integrada a cadenas globales de valor, lo que ha causado una pérdida de ramas productivas esenciales y una vulnerabilidad creciente ante choques externos. Mientras que la apertura comercial puede haber ampliado mercados, no siempre ha llevado al aumento de la capacidad tecnológica ni al incremento del contenido nacional en las exportaciones. Esta reforma busca corregir dicha tendencia y fortalecer la industria nacional, en un contexto de reconfiguración global.
Según la iniciativa, se implementarán nuevos aranceles aplicables a 1,371 fracciones arancelarias, que representan aproximadamente el 16.8% del total de las fracciones en la tarifa arancelaria. Estos aranceles se aplicarán a productos importados desde cualquier economía miembro de la OMC que no tenga un acuerdo comercial específico con México.
Entre los productos que enfrentarían estos altos aranceles se encuentran varillas y tubos de acero, cuero, textiles, productos de belleza e higiene personal, además de una variedad de artículos para el hogar. La intención es reducir la dependencia de estas importaciones y asegurar un aumento en la integración productiva y el valor agregado de la industria mexicana. A futuro, la iniciativa plantea que al menos el 50% de la proveeduría estratégica sea nacional, fomentando innovación y desarrollo tecnológico, y construyendo una economía más justa y competitiva.
El impacto recaudatorio estimado de esta reforma se estipula en 70 mil millones de pesos adicionales, lo que podría llevar la recaudación por impuestos al comercio exterior a 254,756.8 millones de pesos en 2026. De esta cifra, se espera que un 70% del incremento se derive de la expansión de los aranceles.
La reforma se conceptualiza no solo como un medio recaudatorio, sino como una herramienta estratégica de política económica y comercial. Su objetivo es alinear la política comercial con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México hacia 2030, buscando proteger el empleo y corregir distorsiones comerciales, todo ello promoviendo un crecimiento industrial más diversificado y sostenible.
El decreto correspondiente entrará en vigor a los 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
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