El clima político en Michoacán ha tomado un giro inesperado con la reciente inasistencia del exgobernador Silvano Aureoles Conejo a una audiencia clave programada por la Fiscalía General de la República (FGR). Durante esta sesión, la FGR buscaba presentar cargos por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, en el contexto de un presunto desvío de más de 3,000 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles para la policía estatal.
La ausencia de Aureoles no solo genera preguntas sobre su estrategia legal, sino que también pone en evidencia la situación de su abogado, Argelio Echegaray, quien expresó no conocer los motivos de esta falta. Desde marzo, Aureoles ha sido declarado prófugo de la justicia, aunque recientemente logró una suspensión que le permitiría enfrentar el proceso judicial desde la libertad o bajo arresto domiciliario si lograba presentarse. Con su ausencia, el juez federal deberá notificar a los tribunales sobre esta falta.
A pesar de la situación de Aureoles, la FGR reafirmó que la orden de aprehensión en su contra sigue “100% vigente”, con la Policía Federal Ministerial preparada para ejecutar la captura en cualquier momento. Julio Cobos, fiscal especial de la FGR, enfatizó que el incumplimiento de Aureoles refuerza la legitimidad de la orden, además de señalar que su anterior intento de amparo fue rechazado, lo que no le exime de sus responsabilidades legales.
Asimismo, se recuerda que la justicia mexicana aún busca llevar ante la ley a otros exfuncionarios implicados, como Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón, quienes también enfrentan órdenes de aprehensión. En este contexto, la audiencia de hoy, que comenzó a las 10 de la mañana, tenía como finalidad formalizar las acusaciones sobre el desvío millonario ya mencionado, y ahora será un desafío para las autoridades judiciales el determinar el futuro legal de estos exfuncionarios dado su incumplimiento.
Este fenómeno no solo resalta la gravedad del asunto en cuestión, sino que también refleja la compleja trama de corrupción y accountability en un estado que ha pasado por grandes convulsiones en su gubernatura. La situación continúa desarrollándose, y la atención del público y de las autoridades está enfocada en cómo se resolverán estos casos que tienen diversas implicaciones para el futuro de la política en Michoacán.
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