Sin un Estado efectivo, no hay justicia.

El Senado de la República está por aprobar una ley fundamental: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta legislación, respaldada por la Cámara de Diputados en octubre, busca unificar la respuesta del Estado hacia un fenómeno que ha crecido desmesuradamente en el país. Con penas que van de 15 a 25 años, y la posibilidad de alcanzar hasta 42 años de prisión, la ley tiene como objetivo castigar a una amplia gama de extorsionadores, desde los montachoques hasta los cárteles que operan en distintos ámbitos, incluyendo la extorsión telefónica que proviene desde las cárceles.

Este esfuerzo legislativo no es el primero bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum; en menos de un año, se han implementado reformas cruciales, incluyendo una reforma constitucional que autoriza al Congreso a establecer una Ley General sobre este tema. La nueva normativa prevé sancionar a funcionarios corruptos que colaboran con estos delitos, y establece la persecución de oficio, un avance significativo para la justicia en el país.

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Sin embargo, a pesar de estas intenciones, las circunstancias que rodean la extorsión en México presentan un panorama desalentador. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), se estima que se cometen alrededor de 5.7 millones de extorsiones al año, afectando a cerca de cuatro millones de personas. Este problema tiene un impacto económico alarmante, elevándose a 243,000 millones de pesos anuales. Sorprendentemente, las fiscalías apenas reciben unas miles de denuncias cada año, lo que revela que más del 95 por ciento de los casos permanece en la impunidad. Con una probabilidad de castigo que ronda el 1 por ciento, sólo aumentar las penas parece una solución insuficiente.

La geografía del crimen agrava aún más este desafío. Ocho estados, entre ellos México, Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México, concentran dos tercios de los casos de extorsión. En muchos de estos lugares, los cárteles han creado un sistema de cobro más temido y eficiente que el propio SAT. Las cuotas se recogen en mercados, bares y obras de construcción, mientras la autoridad se centra en proponer nuevas legislaciones.

La nueva ley reconoce prácticas que han sido minimizadas durante años, como la extorsión carcelaria y los “montachoques”. Sin embargo, si bien es un avance, resulta insuficiente. La persistencia de la extorsión no proviene de una falta de leyes, sino de la débil presencia del Estado. La realidad refleja que las fuerzas de seguridad enfrentan problemas estructurales, desde la falta de recursos hasta la presión de grupos criminales.

Si el gobierno logra fortalecer las capacidades de las policías, depurar las cárceles y dar más recursos a las fiscalías, podría haber un descenso en la extorsión. Aunque este proceso será gradual y no espectacular, es una oportunidad para iniciar una estrategia efectiva contra este delito. La nueva legislación, aunque no es la respuesta final, puede ser el primer paso hacia un cambio necesario en la lucha contra la extorsión en México.

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