La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra bajo la presión de investigar a fondo el escandaloso caso de contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, que ha salido a la luz en México. Este complejo entramado involucra a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y funcionarios aduanales, lo que plantea serias interrogantes sobre la corrupción institucional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca la importancia de que la FGR determine quiénes son todos los implicados y cuántas empresas comprenden esta red de corrupción. Según sus declaraciones, las investigaciones revelan que, a pesar de que ya no se están recibiendo buques con combustible ilícito, es crucial identificar las empresas que estaban involucradas en el comercio de este producto.
Durante su conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, Sheinbaum expresó que es vital que no haya impunidad en este caso. Recalcó que al conocer la existencia de estas irregularidades, se fortalece la lucha contra la corrupción. Además, se están revisando las detenciones realizadas durante el sexenio anterior, donde se registraron numerosas acciones contra el huachicol que perforaba ductos. Aunque este tipo de prácticas persiste, su frecuencia ha disminuido notablemente.
El origen de las investigaciones se remonta a marzo de este año, cuando las autoridades incautaron 10 millones de litros de diésel ilegal en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Esta acción desnudó una red de corrupción en la que estaban implicados tanto funcionarios de aduanas como miembros de la Semar. A raíz de esos hallazgos, han surgido detenciones que reflejan el avance de las pesquisas iniciadas hace seis meses.
La presidenta subraya que es responsabilidad de la FGR realizar estas investigaciones, y que resulta fundamental que se llegue al fondo del asunto, incluso si ello involucra a miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Este proceso es visto como un paso esencial para fortalecer las instituciones y mantener la confianza pública.
La inquietud en torno a la corrupción en el sector de combustibles, en un país que ha luchado durante años contra este fenómeno, continúa latente. A medida que las investigaciones avanzan, los ciudadanos esperan respuestas contundentes que contribuyan a erradicar estas prácticas ilegales y restablecer la integridad en las instituciones.
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