El presidente del tribunal de inicio la sesión tras cuatro horas y media de juicio. Los monitores que emiten la señal de la retransmisión se apagan. Y entonces, ya lejos del radar de YouTube, la abogada del Estado Rosa María Seoane, todavía con la toga puesta, cruza la sala y se acerca a Luis Jordana de Pozas, abogado de Gonzalo Urquijo, el dueño de la empresa que reformó la sede del PP. Se saludan, sonríen, se dan la mano. La pasada semana, mientras Seoane y su colega Eva Fernández presentaban su demoledor informe de conclusiones contra Bárcenas y Urquijo, el abogado y exfiscal Jordana de Pozas mostró en varias ocasiones y de manera ostensible su desagrado. Este martes, en cambio, ha aprovechado el principio y el final de su informe de conclusiones para pedir excusas por su comportamiento, que ha atribuido al “fragor de la batalla”.
Desde hace años se viene alertando del peligro de la judicialización de la política. Pero según lo visto cada semana en el Congreso, o en los debates electorales, y no digamos en Twitter, no estaría mal que la política —la vieja y la nueva— importara de cualquier sala de juicio, por ejemplo de esta que preside el magistrado José Antonio Mora, la capacidad de hablar después de estudiar en profundidad cada asunto, de escuchar en silencio la versión del contrario aunque sea un tostón, hasta de pedir disculpas —esa sana costumbre tan demodé— cuando se mete la pata.
—El reconocimiento de los errores no es sino producto de la reflexión y del arrepentimiento del que sufre la pérdida de la libertad. Y sobre todo cuando su mujer también está presa y él se echa la culpa de su situación.
El que habla es Gustavo Galán, el abogado de Luis Bárcenas. Su trabajo no es fácil. Tal vez sea el más difícil de todos, porque no solo tiene que defender el prestigio —es un decir— del extesorero del PP, sino parar las balas que le disparan tanto las acusaciones como las defensas. Las acusaciones —el fiscal, las abogadas del Estado y la acción popular— porque para eso están aquí, para lograr una condena. Y las defensas —la de su subordinado Cristóbal Páez, la de la empresa de arquitectura y, sobre todo, la del PP— porque pretenden atribuirle la responsabilidad entera y única de todos los crímenes habidos y por haber. Así, si Bárcenas es, para las acusaciones populares, un delincuente que anotaba las ganancias de sus fechorías con la tranquilidad del que piensa que jamás lo pillarán, para las defensas, en cambio, es “un mago Merlín que en el sanctasanctórum de su despacho fabricaba apaños para involucrar a personajes relevantes”.
Esos personajes relevantes, tipo Aznar o Rajoy, Acebes o Trillo, que fueron los jefes y amigos de Bárcenas durante años, pero que siguen negando la veracidad de unas anotaciones que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ya han dado por veraces. Gustavo Galán, como ya predijo al principio de su intervención, escucha pacientemente cómo sus vecinos de bancada, los abogados de Gonzalo Urquijo y de su socia Belén García, se afanan en destrozar las ultimas esquirlas del prestigio de su cliente, y luego se va, unos minutos antes de que termine la sesión, saludando discretamente al tribunal y a sus colegas, sabedor de que la jornada más dura será la de hoy, cuando —a punto ya de terminar el juicio— le toque el turno al abogado del PP, Jesús Santos. Ya lo decía Pío Cabanillas, que fue ministro con Franco y luego ingresó en el PP:
—¡Al suelo, que vienen los nuestros!
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