El inicio de 2026 podría estar marcado por un nuevo conflicto en el transporte público de Morelos. Los concesionarios del servicio de itinerario fijo han propuesto un aumento de cinco pesos en la tarifa mínima, lo que llevaría el costo del pasaje a 15 pesos. Esta solicitud surge tras casi cinco años sin ajustes en las tarifas, a pesar del constante aumento en los costos de operación. Los transportistas argumentan que esta falta de actualización ha llevado al sector a una situación financiera crítica.
Sin embargo, el gobierno estatal ha dejado claro que no hay condiciones para autorizar este incremento. La administración insiste en que la renovación del parque vehicular es una prioridad antes de considerar cualquier cambio en las tarifas. Esta tensión mantiene latente la posibilidad de protestas y bloqueos, lo que podría afectar a miles de usuarios.
Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación del Transporte, explicó que la demanda de un aumento no es un capricho, sino una necesidad para ajustar la tarifa a la inflación. Mientras otros precios y salarios se ajustan con regularidad, el transporte público ha quedado rezagado. Un factor crucial en esta presión es el costo del combustible, un gasto que fluctúa constantemente y afecta de inmediato la operación de las unidades.
La administración estatal, representada por el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, ha advertido sobre las sanciones que podrían aplicar a quienes utilicen paros o bloqueos como mecanismo de presión. Indicó que condicionar la prestación del servicio vulnera el derecho a la movilidad de la población. No obstante, el gobierno mantiene un diálogo abierto con los transportistas y planea instalar una mesa técnica para analizar alternativas, incluyendo la definición de una tarifa técnica y posibles esquemas de subsidio.
La propuesta de incremento en la tarifa, sin embargo, ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones civiles y el sector estudiantil. Colectivos ciudadanos han exigido que este tema se someta a una consulta pública, y han sugerido que el gobierno opere de manera experimental algunas rutas para evaluar un modelo con mayor control público. La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos ha advertido que un aumento en la tarifa podría impactar directamente en el acceso a la educación, dado que más de la mitad de los usuarios del transporte pertenece a este sector.
La situación se encuentra en un momento crítico. El diálogo y la negociación son esenciales para evitar que este conflicto escale en paros o bloqueos que afecten aún más a la población. A medida que se acercan los meses de 2026, el futuro del transporte público en Morelos sigue en la cuerda floja. Es fundamental que tanto el gobierno como los transportistas encuentren una solución que beneficie a todos los involucrados y garantice un servicio digno y accesible para la ciudadanía.
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