Morelos se encuentra en el centro de un nuevo debate sobre el transporte público, ya que los concesionarios de diversas rutas, liderados por la Federación Auténtica del Transporte (FAT), han solicitado al gobierno estatal un aumento de tarifas antes de que termine 2025. Este nuevo ajuste, que podría oscilar entre 3 y 4 pesos, surge como medida necesaria para garantizar la operatividad del servicio, en un contexto marcado por el alza de costos y la reciente modernización de la flota.
En un entorno donde la inflación ha impactado considerablemente los precios de refacciones, combustibles y salarios, los transportistas han manifestado que operar bajo la tarifa vigente de 10 pesos es cada vez más insostenible. Afirman que, a diferencia de otros estados, Morelos no ha actualizado su tarifa mínima en años, lo que crea una desigualdad competitiva que afecta la calidad y continuidad del servicio.
La petición formal fue presentada esta semana en el Palacio de Gobierno, acompañada de un llamado a establecer mesas de diálogo en un ambiente de respeto, sin recurrir a protestas. Los transportistas se esfuerzan por asegurar que el incremento propuesto, que llevaría la tarifa a entre 13 y 14 pesos, sea discutido y resuelto antes de diciembre, con el fin de mantener viables las rutas de transporte.
La FAT ha respaldado su solicitud con estudios técnicos que demuestran la necesidad de ajustar las tarifas proporcionalmente a los incrementos en los costos operativos. Además, se destaca que el sector ha avanzado en la modernización del 75% de su flota, reemplazando unidades obsoletas y asegurando que las condiciones de los vehículos cumplen con estándares aceptables de seguridad y eficiencia. Sin embargo, los operadores sostienen que sin un ajuste tarifario, podrían enfrentarse a quiebras o reducción de rutas, afectando así a los usuarios y la disponibilidad del servicio.
El contexto del transporte en Morelos refleja una situación complicada, donde la falta de un aumento de tarifas podría llevar a una crisis más profunda. Las conversaciones actuales son imperativas para evitar nuevas cargas financieras sobre el sector, permitiendo al menos que las tarifas reflejen la realidad económica actual.
Mientras tanto, la FAT ha destacado su compromiso con el servicio de transporte seguro y eficiente, pidiendo que el gobierno tomé en cuenta el impacto que un retraso en la discusión sobre tarifas podría tener, no solo en su operación, sino en la calidad del servicio ofrecido a los más de 1.5 millones de habitantes del estado.
Con este panorama, el futuro del transporte público en Morelos dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos meses y de la disposición del gobierno para abordar las demandas de un sector que busca adaptarse a los constantes cambios económicos.
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