Tres afectados del Tren Interoceánico denuncian a responsables.

El 28 de diciembre de 2025 marcó un trágico hito en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, cuando un descarrilamiento del Tren Interoceánico en el centro de Oaxaca dejó un saldo devastador de 14 personas fallecidas y un centenar de heridos. En ese fatídico día, el tren, que llevaba a 250 pasajeros y miembros de la tripulación durante el trayecto Salina Cruz-Coatzacoalcos, se salió de la vía en una zona de curvas peligrosas, provocando que el primer vagón cayera por un barranco y el segundo quedara semisuspendido.

Tres de los afectados han decidido alzar la voz y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Manuel, Flor y Alexis, quienes viajaban en el segundo vagón, están demandando penalmente a las constructoras, contratistas y servidores públicos responsables del accidente. Su abogado, Adrián Arellano, ha expresado que estos pasajeros no solo buscan participar activamente en la investigación para determinar las causas del descarrilamiento, sino también obtener una reparación del daño por las secuelas que han sufrido tras el evento.

El descarrilamiento se ha señalado como el sexto incidente de esta naturaleza en dos años de operaciones de los nuevos trenes impulsados por el gobierno de Morena, una administración que ha promovido fervientemente el desarrollo de proyectos ferroviarios, incluyendo el Tren Maya. Este accidente no solo ha suscitado la desesperación de las víctimas, sino que también ha puesto en la mira las preocupaciones sobre la seguridad y la efectividad de estas obras, cuyo ritmo parece haber priorizado objetivos políticos sobre estándares constructivos.

A pesar de la angustia generada por el suceso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado calmar los temores al asegurar que habrá soporte para las víctimas y que su administración brindará una “reparación integral del daño” a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, durante su conferencia de prensa, llamó la atención sobre la necesidad de no depender de abogados, advirtiendo acerca de bufetes que buscan lucrar con la situación.

Por su parte, la gestión del accidente y las reclamaciones se ha puesto en manos de Seguros Ve por Más, una empresa del Grupo Kaluz, que se ha comprometido a indemnizar a las víctimas hasta un máximo de 400,000 pesos por pasajero, en un total de cobertura anual de 116 millones de pesos. Sin embargo, es crucial mencionar que el servicio de trenes arrancó en 2026 sin un seguro de pasajeros en vigor, una realidad que ha dejado a muchas de las víctimas con incertidumbre sobre sus derechos a la indemnización.

El caso, aún en desarrollo, destaca la compleja intersección entre la ambición de desarrollo infratural y la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La atención sigue centrada en el proceso judicial, mientras más víctimas consideran unirse a la demanda. Así, la trágica historia del descarrilamiento resuena no solo como un incidente aislado, sino como un llamado urgente a la reflexión sobre las políticas ferroviarias y las prácticas de construcción en México.

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