Este 9 de octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrentará a un desafío crucial para la economía digital en México. En una decisión que podría tener profundas repercusiones, el máximo tribunal revisará la constitucionalidad del “aprovechamiento” que pretende implementar un impuesto del 2% sobre las plataformas digitales.
La Alianza In México, que agrupa a importantes empresas tecnológicas como Cabify, DiDi, Rappi, Uber, Lalamove y Mensajeros Urbanos, está solicitando a la Corte que rechace este gravamen. Esta medida, impulsada por Claudia Sheinbaum en su tiempo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue añadida al Código Fiscal local como una forma de gravar a plataformas que facilitan la entrega de bienes y servicios en la capital.
El argumento detrás de este “aprovechamiento” radica en el uso intensivo de la infraestructura urbana y vial de la ciudad. Sin embargo, no se trata de un impuesto federal y el debate se ha centrado en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para ventas realizadas por extranjeros.
En junio de este año, la Suprema Corte declaró inconstitucional este cobro, argumentando que se trata de un impuesto disfrazado que invade competencias federales. Aunque el gobierno local no ha eliminado el gravamen, su aplicación está suspendida.
La administración encabezada por Clara Brugada no ha presentado cambios en la normativa, a pesar de que los argumentos en favor del impuesto incluyen la compensación por el uso de infraestructura pública y la recaudación necesaria para servicios. Por otro lado, las plataformas y asociaciones han criticado la medida por su posible inconstitucionalidad y el riesgo de doble tributación.
Los repartidores, cruciales en esta economía digital, han interpuesto amparos, afirmando que los costos se trasladan a ellos. Con un margen de votación de 3-1, la Corte declaró el cobro inconstitucional, pero ahora está lista para examinar nuevamente el gravámen.
La Alianza In México advierte que una decisión a favor del impuesto afectaría a cientos de miles de familias que dependen de estas plataformas para su economía diaria. La medida también podría tener un impacto negativo en el ecosistema de plataformas y en los pequeños negocios que dependen del servicio de entrega, afectando así a millones de consumidores.
El futuro de la economía digital, un pilar clave para el crecimiento y la inclusión en el país, está en juego. Un impuesto como este podría ser un freno al desarrollo y a la innovación, generando repercusiones más amplias en otras entidades federativas.
Analistas y ciudadanos esperan con interés cómo se pronunciará la Corte en esta ocasión, en un momento en el que su decisión será observada de cerca por todos los sectores involucrados. La tensión se siente en el aire, y la hora de la verdad se acerca rápidamente.
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