Trump y Europa: Medios en conflicto

El pasado martes, bajo la dirección de Marco Rubio, el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó una decisión controvertida: revocó y restringió visas a cinco ciudadanos europeos a quienes acusa de liderar lo que denomina un “ecosistema de censura”. Este acto, justificado por Rubio como una defensa de la Primera Enmienda, ha disparado tensiones con la Unión Europea y revela cómo el trumpismo está reconfigurando la política mediática de Estados Unidos.

Entre los sancionados se encuentra Thierry Breton, excomisario europeo y arquitecto de la Ley de Servicios Digitales (DSA), conocido por sus frecuentes enfrentamientos con Elon Musk. También se incluyen directivos de organizaciones que combaten el odio y la desinformación en redes sociales y asesoran a víctimas de esta problemática. La intención es clara: sancionar a quienes están impulsando regulaciones que incomodan tanto a Donald Trump como a las grandes plataformas tecnológicas.

El gobierno estadounidense adopta el argumento de la “censura extraterritorial”. Rubio sostiene que leyes como la DSA imponen a las plataformas globales la obligación de moderar contenidos, afectando así la experiencia de los usuarios en Estados Unidos. Según su perspectiva, permitir que estas regulaciones operen es equivalente a renunciar a la soberanía nacional. Sin embargo, lo que se denuncia en el extranjero como censura se refleja dentro del país como una creciente presión sobre los medios y periodistas.

Datos concretos ilustran esta situación: mientras Rubio señala a Europa como un peligro para la libertad de expresión, en Estados Unidos se intensifican los ataques contra los medios. Trump ha exigido públicamente la revocación de licencias de transmisión de cadenas como ABC, NBC y CBS, argumentando que su cobertura es “100% negativa”. Además, la Comisión Federal de Comunicaciones ha comenzado a investigar supuestas “ediciones sesgadas” en programas informativos.

Una medida administrativa sin precedentes ha sido la cancelación de todas las suscripciones federales a diarios como The Washington Post, The New York Times y Politico, prohibiendo así que empleados públicos tengan acceso a su contenido. Esta acción se suma a un golpe devastador al periodismo público: en marzo, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales fue desmantelada, despidiendo cerca de 1,600 empleados, y se recortó el financiamiento a medios como Voice of America y Radio Free Europe. Asimismo, un recorte de 1,100 millones de dólares a la Corporación para el Servicio Público ha dejado a NPR y PBS al borde de la quiebra. Esto no es solo austeridad; es un esfuerzo por realizar una depuración política del ecosistema de medios.

La respuesta de Europa ha sido de indignación, y se están considerando represalias que podrían implementarse en 2026. Estas incluyen la reciprocidad en visados y multar a las grandes tecnológicas hasta un 6% de su facturación global bajo la DSA. Este mismo argumento está comenzando a resonar en México, donde se proponen reformas como el Artículo 30-B de la reforma fiscal, que obligan a las plataformas digitales a proporcionar acceso en tiempo real a sus bases de datos. En Washington, se considera que esto viola el T-MEC, y no se descarta la posibilidad de aplicar restricciones de visa a directivos del SAT y de la Secretaría de Economía bajo el mismo pretexto de “intervencionismo digital”.

En este complejo panorama, se observa un incómodo equilibrio: bajo la bandera de la libertad, Estados Unidos avanza hacia un mayor control, y el choque entre estas dos realidades parece inevitable.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.