La situación actual del sector de telecomunicaciones en México presenta un panorama preocupante y complejo. A lo largo de los años, el país ha dado pasos hacia la modernidad, pero parece que en los últimos tiempos se ha retrocedido considerablemente. La reforma de telecomunicaciones implementada en 2013 prometía abrir la puerta a la competencia, reducir precios y desmantelar viejas prácticas; sin embargo, los recientes movimientos en la industria sugieren un camino cada vez más estrecho.
La retirada de Telefónica, anunciada recientemente, es un claro indicador de las dificultades que enfrentan incluso los gigantes del sector. Tras una larga trayectoria en México con rentabilidades marginales y un modelo de negocio que nunca logró consolidarse completamente, la compañía cierra sus operaciones en un mercado que, sorprendentemente, no pudo sostener a un jugador de su tamaño. La pregunta que queda es inquietante: ¿cómo es posible que un país con más de 120 millones de consumidores no logre mantener la competencia entre grandes operadoras?
Por su parte, AT&T, que ha invertido más de 8 mil millones de dólares en su operación mexicana desde 2015, también se encuentra en una situación precaria. A pesar de haber introducido precios más bajos y un mejor servicio, la firma no ha conseguido alcanzar la escala necesaria para hacer frente al dominio de América Móvil. Actualmente, busca vender su unidad mexicana por alrededor de 2 mil millones de dólares, un signo claro de que el mercado se vuelve cada vez más inhóspito para los operadores internacionales.
Otra pieza clave en este rompecabezas es Altán Redes, la empresa responsable de la Red Compartida. Este proyecto, lanzado en 2017 con la finalidad de democratizar la conectividad, ha enfrentado serias dificultades. La incorrecta evaluación de costos y una demanda sobrestimada llevaron a la firma a acumular deudas superiores a los 17 mil millones de pesos. En 2022, el Estado absorbió la empresa, transformándola en una paraestatal de facto, algo que contradice la intención inicial de equilibrar el mercado e incentiva la dependencia gubernamental.
En la actualidad, México enfrenta un dilema. Mientras el nearshoring demanda una infraestructura de telecomunicaciones moderna —con requerimientos como 5G, fibra óptica y centros de datos—, la reducción de la competencia y la dilución de incentivos para la inversión se vuelven preocupantes. Además, la reciente reforma en el ámbito de la competencia económica y las telecomunicaciones, que centraliza la supervisión en una única superagencia, podría agravar esta situación en caso de no aplicar rigurosamente las regulaciones.
La salida de Telefónica, la búsqueda de un comprador para AT&T y el rescate de Altán Redes son eventos interconectados que reflejan un mercado que nunca se abrió completamente y que, por el contrario, parece estar cerrándose aún más. Esta tendencia es alarmante, ya que un país sin una infraestructura moderna no solo pierde competitividad, sino que también arriesga su capacidad de innovación y crecimiento futuro.
Mientras tanto, seguimos observando cómo se retrocede con la ilusión de haber avanzado. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿qué futuro estamos dispuestos a construir para el sector de telecomunicaciones en México?
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