El reciente anuncio del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha generado expectativas significativas. Sin embargo, es crucial tener en cuenta las limitaciones fiscales que enfrenta el gobierno. El contexto actual es alarmante: el déficit fiscal del año 2025 fue del 4.8% del PIB, superando el prometido 3.9%, lo que indica que el margen para nuevos compromisos es prácticamente nulo.
Los datos son contundentes. El costo financiero de la deuda ha tenido un incremento real del 9.8%, y una porción considerable del presupuesto se ha destinado a cubrir las obligaciones de Pemex, que absorbe recursos públicos incesantemente. En diciembre pasado, se desembolsaron 193,000 millones de pesos solo para saldar deudas con proveedores. Este trasfondo fiscal resalta que la promesa de reducir el déficit a 3% en 2026 y, al mismo tiempo, anunciar una inversión de 1.672 billones de pesos, requiere un control del gasto sin precedentes. No es sólo una cuestión de voluntad política; se trata de capacidad financiera real.
En el plan, se proyecta una inversión total del 4.4% del PIB para 2026, que se traduce en 1.672 billones de pesos. Sin embargo, un 1.9% de este total no se tramitará a través del presupuesto y será ejecutado mediante esquemas mixtos. Este enfoque podría resultar efectivo si se implementa correctamente, pero demanda claridad: es imprescindible definir quién aporta el capital, cómo se distribuirán las ganancias de los proyectos exitosos y quién asumirá los costos en caso de que estos no prosperen. En términos concretos, esto significa comprometer 720,000 millones de pesos fuera del presupuesto, una cifra que exige reglas públicas y responsabilidad palpable.
La experiencia del 2025 nos brinda una lección importante: la drástica reducción del gasto en inversión pública, que cayó un 28.4% en términos reales, fue una estrategia a corto plazo que no puede repetirse. Para hacer realidad el plan de fortalecimiento de la infraestructura, se necesita priorizar la inversión, evitando que se convierta nuevamente en la variable de ajuste. La deuda pública, que ascendió al 53.6% del PIB en 2025 desde el 52.4% en 2024, es otro elemento que debe considerarse con cautela; cada decisión fiscal debe justificada con claridad.
El éxito del Plan de Inversión en Infraestructura depende de criterios estrictos: disciplina en el gasto, transparencia total en los proyectos de inversión mixta y una estrategia efectiva para reducir la presión constante de Pemex sobre el presupuesto. Además, es fundamental luchar contra la corrupción para minimizar su impacto en el gasto público.
A medida que el contexto fiscal se torna más exigente, es evidente que cualquier desliz podría tener consecuencias severas. La implementación del plan no puede fallar, ya que el estrecho margen fiscal deja poco espacio para errores o contratiempos. Cada peso gastado debe tener una justificación clara y medible, porque, en última instancia, el futuro de la infraestructura y el desarrollo económico del país está en juego.
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