Una promesa ilusoria

Javier Jiménez Espriú marcó un hito al asumir como primer secretario de Comunicaciones y Transportes en la Cuarta Transformación, tras participar en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y decidir la reubicación del aeropuerto internacional en Santa Lucía. Su nombramiento fue parte de una selección de figuras clave que integran el equipo de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que abarca grandes proyectos como la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Entre los colaboradores, destaca Jorge Arganis, quien tomó las riendas de Pemex PTI, Infraestructura de Desarrollo, y fue responsable del proyecto ejecutivo de la refinería Olmeca. Por otro lado, figuras como Jorge Nuño Lara y Jorge Mendoza, quienes fueron incorporados a pesar de sus vínculos al pasado neoliberal, fueron recomendados por altos mandos castrenses.

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A medida que avanzaba el sexenio, Arganis se enfrentó a problemas de salud, mientras que su exesposa, Guadalupe Cano Herrera, fue posicionada como oficial mayor en Caminos y Puentes Federales. Junto a ella, el abogado Román García Álvarez se unió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 2020. Sin embargo, García Álvarez ya lidiaba con un tratamiento médico por un tumor en el páncreas, y Jiménez Espriú había estado contagiado en dos ocasiones por Covid-19.

El perfil de García Álvarez se destacó en el área de revisión de concesiones y fideicomisos carreteros. Poco antes de su fallecimiento, cumplió con instrucciones siendo parte del convenio que facilitó al gobierno del Estado de México concesionar el Viaducto Bicentenario, una vía cuya concesión previa generó cuestionamientos legales por presuntas violaciones a la Ley General de Bienes Nacionales.

Lejos de estos desarrollos, el entorno de la Secretaría de Movilidad en el Estado de México ha evadido pronunciarse sobre las controversias del Viaducto, a pesar de sus responsabilidades. Denuncias internas por corrupción y ‘moches’ han puesto en entredicho la integridad de los funcionarios actuales.

En el apartado de injerencias, se siguen revelando detalles sobre conductas cuestionables. Julia Abdalá Lemus, vinculada con el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, está bajo análisis por su papel en un programa de seguros cuyo costo anual excedía los 1,600 millones de pesos. Esta situación involucra a empresas como Seguros Inbursa y GMX Seguros, y se indaga acerca de la influencia de Abdalá en la selección de intermediarios de reaseguro, sugiriendo un posible manejo irregular de fondos en los mercados internacionales.

La intrincada red de decisiones en el ámbito de las comunicaciones y el transporte en México sigue ganando atención, y el desenlace de estos acontecimientos promete tener repercusiones en el futuro inmediato del país. Esta información, aunque refleja un contexto específico del 30 de mayo de 2025, abre la puerta a un análisis más profundo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas.

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