Vamos por buen camino.

En el contexto de México, un país atravesado por la incertidumbre y la violencia, recientes reformas en la Ley General de Salud han pasado desapercibidas para muchos. A finales de diciembre de 2025, fue aprobada una modificación que establece recortes significativos en los recursos destinados al sistema de salud, concretamente un 8% para enfermedades graves, un 2% para infraestructura y un 1% para el abasto de medicamentos y estudios. Estos ajustes entraron en vigor el 16 de enero de 2026.

El Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), legado del extinto Seguro Popular, había sido un pilar fundamental en la atención a pacientes vulnerables, permitiendo que aquellos con enfermedades catastróficas pudieran acceder a tratamientos costosos. Sin embargo, el nuevo enfoque de financiamiento abre la puerta a un uso más discrecional de los fondos, al eliminar los porcentajes fijos previamente obligatorios, que garantizaban recursos para enfermedades críticas como cáncer, VIH/SIDA y trasplantes.

Los presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 y 2026 evidencian recortes severos en el gasto público en salud, comparados con aumentos constantes de años anteriores. Estas decisiones se consideran por muchos expertos como algunos de los peores recortes en la historia del financiamiento público para la salud en México. La reciente modificación al artículo 77Bis 17 de la Ley General de Salud implica que los recursos destinados a tratar enfermedades catastróficas serán administrados por la Tesorería de la Federación, lo que ha suscitado preocupaciones respecto a su futuro uso, puesto que se teme que sean desviados hacia “otras prioridades” del gobierno.

La situación es aún más inquietante a la luz de los recientes comentarios de líderes internacionales, como el presidente estadounidense, que advirtió sobre aranceles que podrían afectar gravemente a Cuba. Esta comparación invita a reflexionar sobre el impacto que los recortes en el sector salud en México podrían tener en sus instituciones y en la población más vulnerable. La crisis se va profundizando, y el sistema de salud del país enfrenta un desafío monumental que podría convertirse en una crisis de gran magnitud, similar a la que se prevé para la isla caribeña.

A pesar de las afirmaciones de que “vamos muy bien”, la realidad parece imponer una narrativa más sombría. La acumulación de mentiras y contradicciones respecto a la situación actual del país se hace cada vez más evidente. La protección de la salud pública, un derecho fundamental, se fragiliza en un contexto donde se requiere atención y acción inmediata. La salud de millones en México no debería ser un terreno de juego para decisiones políticas, sino una prioridad indiscutible que garantice el bienestar de todos los ciudadanos.

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