Las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación de 88 personas detenidas en las manifestaciones que siguieron a la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Este proceso electoral, ampliamente criticado por la oposición como fraudulento, desató una ola de protestas que resultaron en 28 muertes y aproximadamente 2,400 arrestos debido a la creciente represión policial.
A raíz de estas tensiones, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre la liberación reciente de las 88 personas, las cuales estaban presuntamente relacionadas con actos violentos derivados de la crisis poselectoral. Maduro había instruido previamente examinar cada caso de forma individual y aplicar medidas cautelares conforme a la ley.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) habían reportado la excarcelación de al menos 87 personas, indicando que una gran parte de ellas provenía de la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua. Sin embargo, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad subrayó que estos liberados no cuentan con libertades plenas, ya que continúan enfrentando juicios y medidas cautelares.
La demanda de una amnistía general para todos los prisioneros políticos ha sido insistente, reflejando un llamado a poner fin a las detenciones arbitrarias que han marcado la situación política en el país. Desde el 28 de julio de 2024, las excarcelaciones han sido un tema recurrente; en diciembre pasado, se anunciaron 99 liberaciones, aunque sólo 61 fueron verificadas por organismos de derechos humanos.
Aún persiste un fuerte número de detenidos por motivos políticos, con estimaciones que superan las 700 personas en esta situación. La cárcel de Tocorón, que fue cerrada en 2023, ha reabierto como un centro para albergar a manifestantes arrestados durante las protestas. Foro Penal, una ONG que desempeña un papel crucial en la defensa de los derechos de estos detenidos, aseguró que la excarcelación reciente incluye a dos prisioneros políticos de otra instalación en el estado Miranda.
En contraste, las últimas semanas han visto un aumento en el número de detenciones, con el Servicio de Inteligencia (Sebin) arrestando a varios líderes y activistas, incluyendo a José Elías Torres, un destacado sindicalista, y a Nicmer Evans, un periodista. Ambos casos se han denunciado como desapariciones forzadas, acentuando la cultura de temor en el entorno político.
Expertos de la ONU también han advertido sobre un recrudecimiento en la persecución política, reforzando las críticas sobre el uso de detenciones como táctica de control social por parte del gobierno. La oposición argumenta que estas liberaciones pueden representar una estrategia de “puerta giratoria”, donde unos detenidos son liberados mientras otros son arrestados, utilizando a los prisioneros como rehenes en un juego político.
A pesar de las recientes excarcelaciones, el clima de tensión y represión que permea Venezuela continúa sin cesar. La situación exige atención y análisis, no solo a nivel local, sino internacional, dada la repercusión que tiene en los derechos humanos y el futuro político del país.
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