El periodista Rafael León Segovia ha sido vinculado a proceso en Veracruz, tras ser inicialmente detenido por un grave cargo de terrorismo el 24 de diciembre, un delito que podría conllevar una pena de hasta 30 años. En la actualidad, su situación ha derivado en una acusación menos severa relacionada con el encubrimiento por favorecimiento, lo que ha resultó en la medida de arresto domiciliario por un año como acción preventiva.
La controversia alcanzó niveles insospechados, llegando hasta el Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confusión sobre el uso del término terrorismo por parte de la Fiscalía. Sheinbaum solicitó aclaraciones sobre la acusación, resaltando la importancia de la libertad de expresión en el país. Esta intervención ha sido respaldada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien un día después compartió la preocupación de la presidenta, aunque días antes defendió el accionar de la Fiscalía, sugiriendo que había fundamentos sólidos detrás de la detención.
El Gobierno liderado por Nahle, que asumió el cargo en 2024, ha enfrentado numerosas críticas por supuestas violaciones a la libertad de prensa. En declaraciones recientes, Nahle defendió la postura del Estado, indicando que durante el último año en Veracruz “se ha vivido a la libertad de expresión”, a lo que muchos periodistas y asociaciones de derechos humanos reaccionaron con descontento, considerando la detención de León como un posible ataque a la libertad de prensa.
La detención de León, también conocido como Lafita León, ha suscitado condenas de diversas organizaciones, incluyendo Artículo 19, una entidad dedicada a la defensa de la libertad de expresión, que advirtió sobre el peligroso precedente que se establece en el uso de cargos tan serios como el terrorismo contra periodistas. Estas organizaciones han exigido que se actúe con imparcialidad, instando a la Fiscalía a no utilizar el derecho penal como un mecanismo de represalia.
Las palabras de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal del Estado, reflejan la complicada situación en Veracruz. En su comparecencia, sin aceptar preguntas de los medios, reafirmó su compromiso de realizar investigaciones transparentes, aunque su nombramiento ha sido objeto de controversia, dado que ocurrió en el marco de una reforma que otorgó más poder al Ejecutivo.
La salida de la audiencia generó un momento de alivio para la familia de León. Su hijo expresó su felicidad por poder estar con su padre, destacando que aunque el cargo de terrorismo se ha retirado, las acusaciones restantes aún están en proceso.
Todo este episodio no solo pone de relieve la precariedad de la situación de los periodistas en Veracruz, sino que también enfatiza una discusión más amplia sobre la libertad de expresión y la seguridad en el ejercicio del periodismo en México. Con la amenaza persistente del crimen organizado y la respuesta estatal, la comunidad periodística continúa cuestionando el rumbo de la verdad y la justicia en el país.
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