Un grupo de 14 víctimas directas y familiares afectados por la tragedia del metro de Ciudad de México han decidido buscar justicia en Estados Unidos. Así lo han anunciado este martes sus abogados en una conferencia de prensa celebrada a unos días de que se cumpla un año del colapso de un tramo elevado de la Línea 12, que dejó 26 muertos y alrededor de un centenar de personas lesionadas. Se trata de una demanda civil presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York contra el consorcio de empresas que construyó la línea: Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Alstom y CAF.
Los representantes legales han confirmado también que firmaron un acuerdo reparatorio confidencial con Grupo Carso del multimillonario Carlos Slim y que, por lo tanto, desistirán de nuevos procesos legales contra ese poderoso conglomerado. Los asesores han interpuesto además una demanda espejo ante la Fiscalía de la capital mexicana contra las constructoras por los delitos de lesiones y homicidio culposo, así como un recurso administrativo contra el Gobierno capitalino y varias de sus dependencias para reclamar indemnizaciones en el orden de decenas de millones de pesos. “Este asunto todavía no se termina”, ha advertido el abogado Cristopher Estupiñán, “vamos a continuar con la batalla”. Y la lucha será en varios frentes.
El argumento de los acusados a las empresas constructoras son las “negligencias” reclamadas por el equipo legal que asesora a las víctimas. Estupiñán ha reclamado que existe “un contubernio” entre las autoridades y Grupo ICA, la compañía que asumió el mayor porcentaje de la construcción de la Línea 12, para evitar que enfrenten a la justicia. Ninguna empresa privada ha sido imputada en México aún por el siniestro del 3 de mayo de 2021.
Los hechos, evidentemente, sucedieron en territorio mexicano, pero los abogados buscarán demostrar que se puede juzgar el caso en Estados Unidos porque las empresas tienen domicilios en ese país. Los representantes legales confiesan que una de las principales incógnitas es que un tribunal estadounidense se declare competente para resolver el caso, un escollo similar a la demanda que presentó el Gobierno mexicano contra los fabricantes de armas.
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La demanda civil en Nueva York, presentada desde febrero pasado, acusa a Alstom por ser la encargada de la instalación y electrificación de las vías. La española Grupo CAF estuvo a cargo de la fabricación de los vagones del metro en esa línea. Grupo ICA fue el principal responsable de la obra de ingeniería civil y la construcción, según se lee en el documento. “Como resultado de la negligencia de ICA, los demandantes sufrieron lesiones serias, severas y permanentes, así como discapacidades e, incluso, la muerte”, se reclama en la querella.
“La Línea 12 era insegura en cuanto a que el tramo elevado por el que pasaba el transporte férreo no podía soportar el peso de los vagones y estuvo defectuosamente diseñada y/o construida”, aseguran los demandantes. ICA ganó la licitación para el tramo 4 del Tren Maya, una de los proyectos insignia del Gobierno de AMLO. El tramo va de Izamal (Yucatán) a Cancún y tiene una inversión prevista de 25.000 millones de pesos (1.200 millones de dólares). Carso construirá el tramo 2 del megaproyecto, con 18.500 millones de pesos presupuestados.
En un primer momento, el equipo legal de las víctimas buscaba demandar también a Grupo Carso, a cargo de la construcción del viaducto elevado de la línea, y estuvieron durante meses en un estira y afloja con las autoridades de Ciudad de México para firmar los acuerdos reparatorios que eximían de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido al consorcio de Slim. Los abogados creían que las indemnizaciones propuestas eran insuficientes. Uno de los acuerdos ofrecidos por Carso, en el que se pagaban 450.000 pesos (poco más de 21.000 dólares) a una de las personas lesionadas por el incidente.
Tras poco más de un mes de negociaciones, Carso accedió eventualmente a pagar una reparación mayor del daño para blindarse ante futuras demandas y reclamaciones legales. Los abogados no han revelado los montos, pero dicen que en algunos casos hubo un aumento del 250% en las cantidades originalmente ofrecidas a las personas que resultaron heridas. No han sido claros sobre si en estos nuevos acuerdos legales también se eximía de responsabilidad a la empresa, pero si han dicho que hay una cláusula que les permite seguir la batalla legal contra las otras compañías independientemente del arreglo al que ya llegaron con Carso. “Alcanzamos un acuerdo con Carso porque fue la única empresa que tuvo la decencia moral de presentarse ante las víctimas”, ha señalado Estupiñán, que agregó que ya se ha pagado a las víctimas.
Esta semana se ha presentado la primera solicitud de reparación patrimonial por un monto de 110 millones de pesos (5,4 millones de dólares). Quienes reclaman ese dinero son cuatro familiares de una víctima que falleció en el derrumbe. La suma concentra los daños por el fallecimiento, así como las afectaciones derivadas contra la familia. Los abogados presentarán un recurso por cada núcleo familiar afectado, ya sea por lesiones o por el fallecimiento de uno de sus miembros.
En caso de que la Contraloría, a final de cuentas dependiente del Ejecutivo local, no resuelva a su favor, los abogados planean llevar el reclamo al Tribunal de Justicia Administrativa o a una corte de circuito, parte del Poder Judicial de la Federación. Está por verse si la estrategia de buscar las compensaciones por varios frentes resulta y cómo avanzará la investigación a cargo de la Fiscalía. Al margen de este reclamo, 10 exfuncionarios han sido imputados por lesiones, daño a la propiedad y homicidio culposo, en una tragedia que sacudió al país, pero por la que aún no hay responsables legales.
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