Una herencia incómoda para las actuales gobernantes
Por años, el sistema de salud en México fue imperfecto, desigual y con enormes retos, pero existía una estructura funcional mínima. Hoy, lo que enfrentamos ya no es sólo una crisis, es un proceso sostenido de desmantelamiento que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Esta realidad no puede ni debe normalizarse, y menos aún heredarse sin cuestionamiento a las nuevas funcionarias que hoy encabezan el país y el estado de Morelos.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reciben un sistema de salud fragmentado, saturado y debilitado, resultado de decisiones políticas tomadas en nombre de la austeridad, la centralización y una narrativa de “combate a la corrupción” que, en los hechos, dejó hospitales sin insumos, médicos sin contratos estables y pacientes sin atención.
La desaparición del Seguro Popular y su sustitución fallida por el INSABI fue presentada como un avance histórico. La promesa fue clara: un sistema de salud como el de Dinamarca. Pero la realidad fue otra, concretada claramente en hospitales sin medicamentos básicos; cirugías pospuestas durante meses; pacientes comprando jeringas, gasas y hasta anestesia; y médicos y enfermeras trabajando sin certeza laboral.
El posterior traslado de funciones al IMSS-Bienestar no corrigió los problemas estructurales; por el contrario, los profundizó, especialmente en estados como Morelos, donde la infraestructura hospitalaria ya era insuficiente antes de la reconfiguración federal.
En Morelos, la crisis de salud no siempre ocupa titulares, pero se vive todos los días con clínicas sin especialistas, hospitales generales rebasados y comunidades rurales completamente desatendidas. La centralización de decisiones en la federación dejó a los estados con menor margen de maniobra, pero con la misma, o mayor, responsabilidad ante la ciudadanía.
El resultado es un sistema que no previene, no atiende a tiempo y no acompaña al paciente, obligando a miles de familias a recurrir a servicios privados, endeudarse o, en el peor de los casos, simplemente a resignarse.
La salud como discurso, no como derecho:
Uno de los daños más profundos del actual modelo es simbólico, y la salud dejó de tratarse como un derecho garantizado para pasar a ser un discurso político. Se habla de cobertura universal mientras faltan oncólogos. Se presume gratuidad mientras los pacientes pagan de su bolsillo. Se anuncian reformas mientras los centros de salud cierran turnos por falta de personal; esto erosiona la confianza pública y normaliza lo inaceptable. La ciudadanía ya no pregunta “¿por qué no hay medicamentos?”, sino “¿dónde puedo comprarlos?”. Ese cambio de mentalidad es alarmante.
Ni la presidenta ni la gobernadora son responsables directas del origen de esta crisis, pero sí lo serán de su continuidad si no dan un viraje claro. Gobernar también implica reconocer errores heredados, incluso cuando provienen del mismo movimiento político.
La ciudadanía no necesita más diagnósticos triunfalistas. Necesita abasto real y constante de medicamentos; contratación digna y estable de personal médico; infraestructura funcional, no sólo inauguraciones; coordinación efectiva entre federación y estados; y transparencia sin castigar al paciente.
Éste no es un reclamo ideológico, sino un llamado urgente desde la realidad. La salud no puede seguir siendo un experimento administrativo ni un botín discursivo. Cada decisión mal tomada se traduce en dolor, gastos catastróficos y vidas perdidas que no se mencionan en conferencias de prensa.
Presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadora Margarita González Saravia,
la herencia es pesada, sí, pero ignorarla o maquillarla sería imperdonable. Reconstruir el sistema de salud requiere voluntad política, autocrítica y, sobre todo, poner como punto central al paciente, no al proyecto, porque cuando el sistema de salud falla, todo lo demás deja de importar. ¿No cree usted?
