Morelos vive un momento histórico en su sistema de transporte. Con la reciente
aprobación de una nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, se abre la puerta
a cambios profundos que podrían modernizar el servicio, mejorar la seguridad y regular
modalidades que hasta ahora habían estado en el limbo. Pero la transformación no será
sencilla: existen retos grandes y resistencias por distintos frentes.
La reforma legal no es un simple ajuste: es una estructura jurídica completamente nueva,
pensada para poner a las personas en el centro. De acuerdo con la propuesta oficial, la ley
se sostiene sobre varios pilares clave: reconocer la movilidad como un derecho, priorizar
modos no motorizados (peatones, ciclistas) y transporte público, y aplicar un enfoque de
“Visión Cero” para la seguridad vial.
Además, crea un Sistema Integrado de Transporte Público, con rutas planificadas, recaudo
unificado y flotas seguras, accesibles y profesionales. También se regula el transporte
moderno: se contemplan plataformas digitales (como Uber o DiDi), nuevas tecnologías y
micromovilidad.
En lo institucional, una de las apuestas más importantes es la creación de la Coordinación
General de Movilidad y Transporte como organismo estatal, con autoridad para planear,
inspeccionar, regular y revocar permisos de transporte público y privado.
Otro punto simbólico pero muy visible: los vehículos de transporte público deberán
adoptar una nueva identidad cromática institucional, con logos oficiales del gobierno
estatal, para mejorar la identificación y la formalidad del servicio.
Una de las novedades más comentadas es la regulación de plataformas como Uber y DiDi.
Bajo la nueva ley, los conductores deberán registrarse en un padrón estatal, con vehículo
y conductor inscritos, y cumplir requisitos estrictos, entre ellos: antecedentes no penales,
exámenes toxicológicos y revisión mecánica.
Se exige que los vehículos tengan placas de Morelos, no tengan más de siete años de
antigüedad y estén al día con verificación. Además, las unidades deberán tener un botón
de pánico conectado al C5 estatal para mayor seguridad.
Otra medida polémica: los conductores deberán aportar 1.5% del valor de cada viaje como
tasa por el uso de la plataforma. Esto podría tener impactos en las tarifas al usuario o en la
rentabilidad de los choferes.
Los mototaxis, una modalidad muy presente en comunidades de Morelos, también entran
al debate. La propuesta de ley plantea reconocerlos formalmente para tener más control,
especialmente para evitar que se usen para actividades delictivas o operen sin
supervisión.
Entre los puntos que se quieren regular están la edad mínima de los conductores y su
registro formal. No obstante, la iniciativa aclara que no serían exactamente transporte
público bajo todas las reglas: su regulación será “adaptada” para su contexto particular.
Este reconocimiento podría ayudar a ordenar algo que hoy funciona de manera irregular
en muchos municipios —como Totolapan, Tlayacapan, Jantetelucan o Jojutla— donde los
mototaxis son un medio clave para moverse, pero también una fuente de inseguridad por
su falta de regulación.
Beneficios para estudiantes
Otra reforma que llama la atención es un incentivo social: se propone un descuento del
50% en la tarifa del transporte público para universitarios los días de semana, durante el
calendario escolar.
La intención es clara: evitar que el costo del transporte sea un motivo para abandonar los
estudios. Si se concreta, podría aliviar mucho la carga económica para jóvenes que
dependen del transporte público para ir a la universidad.
A pesar de lo ambicioso, el proyecto no está exento de desafíos. Algunos concesionarios
del transporte público han cuestionado partes de la reforma. Por ejemplo, se ha
descartado de manera definitiva el proyecto del Morebús, un sistema de autobuses
rápidos que algunos veían como clave para modernizar el transporte metropolitano. En su
lugar, se ha planteado la posibilidad de un cablebús, lo que abre un nuevo debate sobre
inversión, viabilidad y cobertura.
En el caso del transporte de carga, otra iniciativa reciente propone eliminar una “doble
regulación”: actualmente, las unidades deben cumplir tanto un requisito de antigüedad
como una revisión mecánica anual, lo que encarece y complica su operación. La diputada
Jazmín Solano propone que sea suficiente con la revisión anual, porque, argumenta,
algunos vehículos no representan riesgos mayores.
Además, la formalización de mototaxis también podría encontrar resistencias: regularlos
implica costos, controles y quizás más fiscalización, algo que muchos operadores
informales no reciben con agrado.
Pero el primordial problema es que los vicios de la anterior secretaria modificada en
coordinacion siguen vigentes , es imposible hacer un tramite sin uno de los muchos
gestores que acaparan las fichas y cobran por sus servicios , no hay realmente orden y las
cosas siguen exactamente igual que siempre por lo que el plan es muy bueno la ley dice
muchas cosas , tendran la capacidad los actuales encargados para llevarla a cabo o
seguiran con los coyotes. Es pregunta:
Para la ciudadanía, especialmente quienes usan el transporte público diariamente, la ley
significa una oportunidad para un servicio más seguro, ordenado y transparente. Una flota
modernizada, con vehículos bien identificados, podría aumentar la confianza y la calidad
del servicio.
La regulación de plataformas como Uber y DiDi podría elevar la seguridad, gracias a los
requisitos de registro, verificación técnica y botón de pánico. Pero el costo adicional del
1.5% por viaje podría trasladarse a los usuarios, dependiendo de cómo se implemente.
Para estudiantes universitarios, el posible descuento del 50 % sería una ganancia social
importante, aunque habrá que ver cómo se regula su aplicación: ¿qué pruebas se
aceptarán para verificar la condición de estudiante, y cómo se evitarán abusos?
La nueva Ley de Movilidad aún está en proceso de definición y discusión. Aunque ya hay
bases firmes —como la creación de la Coordinación General de Movilidad y la identidad
cromática oficial para unidades—, muchos de sus componentes (como los detalles de
regulación para plataformas digitales o mototaxis) deberán afinarse en reglamentos
posteriores.
Además, su éxito dependerá en gran medida de la vigilancia: para que la ley no quede en
buenos propósitos, será fundamental que existan mecanismos reales de inspección,
auditoría y sanción. La Coordinación General de Movilidad tendrá un papel clave en este
sentido.
También será importante la participación ciudadana. Usuarios, concesionarios,
estudiantes, municipios y organizaciones civiles deben ser parte del diálogo para definir
cómo se aplicará la norma en la práctica.
Morelos se encuentra ante una oportunidad única: con su nueva Ley de Movilidad, podría
dar un salto hacia un sistema de transporte más moderno, seguro, justo e inclusivo. Pero
el camino es complejo, se necesita que la coordinación funcione adecuadamente ,
eliminando los vicios y constumbres del pasado. Por lo que es necesario regulaciones
estrictas, inversiones importantes y voluntad política. Si todo sale bien, la reforma podría
transformar radicalmente cómo nos movemos en el estado y mejorar la calidad de vida de
miles de personasa las que les urge un sitema de trasporte verdaderamente eficiente. ¿ no
cree usted?
