El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, no quiere oír hablar de guerras del agua con otras comunidades autónomas a cuenta del trasvase Tajo-Segura, del que se nutre la agricultura alicantina y buena parte del resto del sureste español desde hace más de cuatro décadas. Y, a la vista de sus últimos gestos y declaraciones, templadas pero firmes, dará la batalla al Gobierno de Pedro Sánchez en defensa del territorio valenciano después de que el Ejecutivo diera por roto el pacto alcanzado en noviembre para que la transferencia de agua del Tajo al río Segura sobreviviese más allá de 2025. Puig ha mostrado su disposición a dialogar y negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) respecto al futuro del Tajo-Segura, pero ha advertido que no aceptará ninguna “imposición”. De momento, ha pedido a la Abogacía de la Generalitat que prepare alegaciones al proyecto de decreto sobre el plan del Tajo que, de aplicarse, hará inviable la transferencia de agua en tres o cuatro años. Las presentará al Consejo de Estado, que estudia la norma antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. También la Región de Murcia ultima alegaciones.
A cuatro meses de las elecciones autonómicas de mayo, el ruido político que genera un asunto tan complejo y que viene de lejos como es el reparto del agua puede distorsionarlo todo. “Puig estará del lado de los regantes valencianos y, sin quemar etapas antes de tiempo, se mantendrá firme”, aseguran fuentes de su entorno. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial,replicó en Ciudad Real a Puig: “El presidente de la Generalitat valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno español, el del conjunto de nuestro país”.
“Lo que se acordó tiene que mantenerse”, insistió antes Puig en una entrevista en Onda Cero. “Y si no se mantiene porque el Gobierno español quiere cambiarlo, debería hacerse en el Consejo Nacional del Agua; pero no se tiene que plantear un enfrentamiento territorial”, sostuvo, mostrándose dispuesto a “hablar y a mejorar el acuerdo desde el diálogo y la negociación”.
El conflicto recuerda al que hace décadas enfrentó a los entonces presidentes de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, José Bono y Joan Lerma, respectivamente, ambos del PSOE, por el trazado de una autovía que atravesaba el enclave natural de las hoces del Cabriel. Pero no son casos comparables porque, a diferencia de entonces, la población actual es cada vez más sensible al cambio climático y sus consecuencias, y la crispación social que generó en la Comunidad Valenciana el bloqueo de una autovía que permitiera llegar a Madrid de forma rápida y segura no es la misma.
La idea del presidente valenciano es que se restablezca el pacto de noviembre con el Miteco, y uno de sus argumentos son los miles de empleos que genera la agricultura mediterránea, además de su aportación a la soberanía alimentaria del país. No quiere apresurarse yendo a los tribunales a la primera de cambio, aunque su equipo asegura que no se descarta nada; de hecho, la Administración valenciana ya ha recurrido en anteriores ocasiones a la justicia en defensa del trasvase, al tiempo que pedía más agua desalada a precios asequibles, y más depuración de las aguas residuales de Madrid.
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En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional se aferra a varias sentencias del Tribunal Supremo en defensa de un caudal ecológico y una mejor explotación del río. “El Tajo no puede ser un arroyo que se nutra solo de las aguas residuales de Madrid, que es lo que es a día de hoy por culpa del trasvase”, apuntan fuentes del Ejecutivo castellano-manchego. El socialista García-Page se sentó con el Gobierno español, con esas sentencias bajo el brazo, y alcanzó un acuerdo que eleva paulatinamente el caudal ecológico en la cuenca media del Tajo, a su paso por Aranjuez: se sube de 6 a 7 metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, a 8 desde 2026 y a 8,65 en 2027. La transferencia de agua al sureste sería inviable con este nivel de reservas. Están dispuestos a hablar con los gobiernos valenciano y murciano, pero teniendo en cuenta que el alto tribunal les ha dado la razón hasta en ocho ocasiones y que Castilla-La Mancha “ha cedido” en sus pretensiones iniciales de pedir que se aplicara un caudal ecológico mayor y mucho antes de 2025, que es el acuerdo con Transición Ecológica. “El diálogo no puede consistir en que las cosas sean igual que en los últimos 40 años, porque hay cambio climático, menos aportaciones de agua en la cabecera del Tajo, y porque el río sufre un deterioro ambiental”, añaden estas mismas fuentes. No aceptarán más cesiones, aseguran. “Cada uno tiene que defender los intereses de sus territorios, no es una cuestión ideológica. Nosotros no estamos en guerra con el presidente valenciano ni con el de Murcia, solo cumplimos con nuestra obligación constitucional”, concluye la persona del entorno de García-Page consultada.
La Región de Murcia ultima también alegaciones contra el recorte del trasvase, justificadas por la que el Gobierno del popular Fernando López Miras considera “falta de consideración económica y ambiental” y “de transparencia” en la tramitación del borrador, según un comunicado del Ejecutivo regional.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha intentado también templar los ánimos. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los regantes. Ha sido muy importante para nosotros a la hora de elaborar los planes hidrológicos ser realistas respecto a los riesgos, porque queremos garantizar una economía solvente, que disponga del agua necesaria, no solo hoy, sino en el futuro”, ha apuntado. Según Ribera, el real decreto incorpora un aumento gradual del caudal del Tajo para poder asegurar que las inversiones en infraestructuras que permitan aportar más agua a las cuencas receptoras no supongan un aumento de costes para los regantes y sean efectivas lo antes posible.
La vicepresidenta, recogiendo la oferta de Puig de más diálogo, ha incluido en el real decreto de planificación hidrográfica la creación de comisiones bilaterales con cada una de las tres comunidades autónomas que reciben agua del trasvase. “Y mi compromiso es que esa comisión bilateral entre el ministerio y la Generalitat valenciana pueda celebrarse antes de que acabe el mes de enero”, ha manifestado.
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