¿Y si entregan a Rubén Rocha?

La situación política en Sinaloa se encuentra en un punto crítico tras la elección del 21 de octubre de 2021, donde Rubén Rocha Gómez emergió como el candidato triunfador, sospechosamente vinculado a grupos del crimen organizado. La percepción popular indicaba que “los chapitos” habían sido favorecidos, dado que su respaldo estaba alineado con el mandatario electo, mientras que su adversario, el priísta Mario Zamora Gástelum, tenía conexiones con Ismael “mayo” Zambada. Esta aparente conexión entre Rocha Gómez y el narcotráfico genera inquietudes sobre una posible extradición que podría desencadenar repercusiones severas contra políticos que, como se señala, podrían estar involucrados en actividades ilícitas.

Una de las inquietudes más apremiantes es la posibilidad de que miembros de la familia de “los chapitos”, actualmente en Estados Unidos como testigos protegidos del Departamento de Justicia, aporten testimonios que vinculen a Rocha Gómez, ya sea fácticamente o como parte de venganzas políticas.

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia, que resultó en la liberación de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, ha mantenido la atención sobre casos de alto perfil en el contexto mexicano. Desde el 10 de agosto de 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador indicó a Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, iniciar una investigación en torno a Mario Aburto, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En medio de este temor por revisionismo judicial, se ha planteado la hipótesis de que Aburto podría haber confesado sus crímenes bajo tortura, lo que ha llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar una revisión del caso, aumentando la presión sobre la Suprema Corte para decidir si lo exoneran o lo obligan a cumplir su condena.

Asimismo, el actual Gobierno ha ampliado las causales para aplicar la prisión preventiva y el arraigo, originalmente reservados para criminales peligrosos, a un espectro más amplio de delitos, que incluye hasta litigios comerciales. Esta práctica ha sido criticada, ya que deja a los ciudadanos vulnerables ante posibles abusos de poder por parte de las autoridades, lo que contradice cualquier avance en materia de derechos humanos y justicia.

En medio de estas tensiones, las maniobras políticas también se entrelazan con planes electorales futuros. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder de la Federación han cargado los dados hacia la elección de 2027, haciéndose responsables de declarar al próximo Presidente Electo sin posibilidad de apelación. Esto provoca desconfianza entre los ciudadanos, aumentando la percepción de que la política actual no es más que un pacto peligroso con intereses oscuros.

Por otro lado, la noticia sobre el incendio controlado en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Veracruz, parece ser un respiro en medio de tantas tensiones políticas. Sin embargo, esta realidad contrasta con las contundentes reflexiones de figuras como John Galbraith, que declara: “La política es el arte de escoger entre lo desastroso y lo desagradable”.

De cara al futuro, con estos elementos de incertidumbre, el panorama político en Sinaloa y en México se presenta como un delicado entramado que requiere atención y análisis constante, ya que cada decisión podría tener repercusiones significativas en el tejido social y político del país.

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