De hacinamiento y violación a las garantías individuales son víctimas más de 12 mil mujeres que permanecen presas, en cárceles de México, si capacidad de acceder a la reinserción social, denunció la organización cicil “Reinserta”, luego de la visita que hiciera el presidente de Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Arturo Zaldívar al penal de Santa Martha Acatitla.
Tras la visita del ministro Arturo Zaldívar, al penal de Santa Martha Acatitla, comprobó los “vicios del sistema penal mexicano”, la organización Reinserta pidió a las y los ministros del Máximo Tribunal visitar a las más de 12 mil mujeres reclusas que hay en el país.
“Reinserta, como una asociación que transforma vidas marcadas por la violencia, exhorta a las y los ministros a dialogar con organizaciones de la sociedad civil, invitándolas e invitándolos a caminar y ver ante sus propios ojos lo que más de doce mil mujeres viven día a día ante un sistema que lejos de procurar su reinserción, revictimiza y sepulta toda esperanza de acceder a la justicia de forma pronta y expedita”, señaló a través de un comunicado.
En el documento, si bien la organización celebró esta primera visita del ministro presidente, especificó que dentro del penal de Santa Martha viven tan sólo el 10.9 por ciento del total de la población femenina del país, por lo que pidió a la Corte ampliar su rango de estudio.
“Como Asociación Civil que ha caminado por mucho tiempo las cárceles del país vemos preocupante que más del 50 por ciento de las mujeres privadas de la libertad viven en Centros de Reinserción Mixtos, situación que lacera significativamente el derecho a ejercer su proceso de reinserción al no contar con espacios y servicios especializados para mujeres”, indicaron.
Una investigación de Reinserta denominada “Diagnóstico Sobre La Percepción Del Desempeño De La Defensoría Penal En México” encontró que las mujeres afrontan condiciones más precarias que los hombres, lo que se evidencia con el hecho de existir una cifra más elevada de quienes no cuentan con sentencia y que, a su vez, las sentencias condenatorias son de mayor duración.
De manera particular, el estudio reveló que entre las condiciones de precariedad, dentro las cárceles, está el hecho de que una mujer recibe en promedio seis años más de sentencia que un hombre acusado por el mismo delito. Además, la defensa para las mujeres en promedio cuesta 55 mil pesos más que a un hombre acusado por el mismo delito, y más del 70 por ciento de las mujeres entrevistadas dijeron que las autoridades no tomaron en cuenta a sus hijos e hijas al momento de la detención.
Con respecto a la maternidad, el estudio reveló que el 64 por ciento de las mujeres tienen hijas o hijos que dependen de ellas y cerca del 80 por ciento tienen hijas o hijos menores de edad, “cifra que muestra la urgencia de atender la realidad penitenciaria y el acceso a la justicia desde una perspectiva de género”.
Pese a lo anterior, el ministro aseguró que durante su reunión con las 220 mujeres no se trataron temas de las condiciones de hacinamiento y hostigamiento dentro de las prisiones porque su visita era para tratar temas de “lo particular y lo general de los casos” y no sobre su reclusión.
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