Un estudio actuarial realizado a 35 universidades estatales autónomas por la Federación reveló que 18 de ellas presentan fragilidad financiera o están en situación crítica, principalmente por la presión que ejercen sus sistemas de pensiones sobre sus recursos. Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), detalló que ocho instituciones tienen finanzas rentables, nueve se mantienen estables, 14 están en condiciones de fragilidad y cuatro en estado crítico.
El funcionario explicó que la principal causa de esta crisis es el alto costo de los fondos pensionarios, que en algunos casos representa hasta el 80 por ciento del valor de la nómina de trabajadores activos. Señaló que en muchas universidades durante décadas ni los trabajadores ni las instituciones hicieron aportaciones suficientes, lo que ahora impacta en el flujo ordinario para pagar pensiones.
Villanueva Lomelí indicó que el mayor costo de estos compromisos se concentra en el actual sexenio, pues entre 2025 y 2030 se espera la mayor presión financiera por las jubilaciones de trabajadores con más de 40 años laborando, algunos con doble o complementaria pensión. Aunque no precisó el impacto financiero específico en cada universidad ni cuáles están en números rojos, destacó que la situación es delicada.
Desde 2001 se han impulsado reformas para eliminar la doble pensión, pero al no ser retroactivas, solo evitaron que los compromisos crecieran con nuevas generaciones, manteniendo los derechos adquiridos por trabajadores antiguos que ahora se jubilan. Entre 2002 y 2018, a través del Fondo U081 para reformas estructurales, se invirtieron 14 mil 486 millones de pesos y se concretaron 67 reformas que generaron un ahorro fiscal de 954 mil 463 millones de pesos.
Tras el cierre del fondo en 2018, disminuyó el impulso para reformas pensionarias, con solo tres realizadas entre 2019 y 2022 y ninguna en 2024. Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Federación retomó el diálogo con las universidades y en 2025 realizó el estudio actuarial para mostrar su situación financiera. En 2026, 20 universidades comenzaron procesos de reingeniería, tras tres reformas concretadas el año anterior.
Villanueva Lomelí afirmó que las autoridades respetan la autonomía universitaria y ofrecen sugerencias para aumentar aportaciones, reducir prestaciones y adoptar medidas para lograr viabilidad financiera. Reconoció que negociar con sindicatos es complicado porque implica dejar atrás prestaciones consideradas conquistas históricas, pero aseguró que hasta ahora han encontrado buena disposición. También señaló que se proporcionan elementos técnicos y financieros para que las comunidades universitarias comprendan las consecuencias de no actuar.
El subsecretario descartó la necesidad de una reforma nacional y consideró que las reformas en cada institución pueden ser suficientes para mejorar sus finanzas. "Si logramos que las 20 universidades que iniciaron sus procesos de reforma los concreten, estaríamos del otro lado", afirmó.
Respecto a la demanda de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sobre un déficit superior a 55 mil millones de pesos para el próximo año, Villanueva Lomelí calificó esa cifra de "irreal" y negó que sea responsabilidad del Gobierno federal cubrirla. Explicó que ese déficit corresponde a recursos solicitados por las universidades que la Cámara de Diputados no aprobó, no a recortes o deudas del gobierno.
Finalmente, informó que el presupuesto para universidades en 2027 será el más alto en la última década, con un aumento de 13 mil 683 millones de pesos respecto a 2026, superando los 219 mil millones de pesos.
Datos basados en información reportada originalmente por razon.com.mx mexico.
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