169 mil millones de dólares en cinco años

Uno de los errores significativos de la reforma energética de 2013 fue la subestimación de la elasticidad de la oferta de inversión. A pesar de las expectativas, la histórica primera subasta de la ronda 1 resultó en que 12 de los 14 bloques ofrecidos no fueron adjudicados. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, ilustró la situación al afirmar que no llegó “la dolariza”.

El ajuste a los términos contractuales se demostró menos complicado sin la intervención de Pemex. Las rondas posteriores atrajeron un interés considerable, reflejando un alto porcentaje de asignación. En contraste, al integrar a Pemex, la respuesta fue abruptamente menor al anticipado. Proyectos como Trion surgieron a partir de asociaciones relevantes, pero otros, como el bloque Nobilis-Maximino, que prometía casi 11,000 millones de dólares en inversiones, fueron cancelados por la falta de atracción. La geología en las asignaciones de Pemex no era el problema, sino la inadecuación de los términos contractuales.

Bajo la administración de López Obrador, la asociación tradicional con el sector privado recibió un desaire, convirtiéndose en una relación disfrazada a través de contratos de servicios integrales con Pemex. Esto resultó en mínimas inversiones y escasos proyectos, que apenas lograron influir en los índices de inversión y producción. Rescatar a Pemex se volvió un tema delicado.

La situación parece repetirse con los contratos mixtos petroleros de la actual administración, los cuales han atraído solo a unos pocos participantes y han generado una fracción de la inversión esperada. A través de tres sexenios, se ha desarrollado una tendencia clara: el petróleo mexicano, en el contexto moderno, puede ser atractivo para la inversión, pero no provoca oleadas de entusiasmo. La oferta de inversión en este sector resulta ser altamente elástica y especialmente sensible a los términos contractuales.

En este panorama, el ambicioso programa de inversión de la presidenta Claudia Sheinbaum debe considerar estas lecciones. Los 169 mil millones de dólares que planea desplegar en energía durante los próximos cinco años—aproximadamente 33,800 millones por año—contrastan con la inversión total de CFE y Pemex en 2024, que no superó los 15,000 millones de dólares. En su año récord, 2013, la inversión alcanzó los 23,711 millones de dólares. Desde la llegada de López Obrador a la presidencia, el promedio combinado de CFE y Pemex es de 12,700 millones de dólares, lo que significa que el objetivo de la presidenta implica prácticamente el triple de inversión anual.

A pesar de las restricciones impuestas a la inversión privada en el sector energético desde la llegada de López Obrador, la dinámica inicial permitió la llegada de varias decenas de miles de millones de dólares en inversión privada, especialmente en el sector eléctrico, que alcanzó hasta 8,000 millones de dólares en un solo año. No obstante, ni la cúspide de inversiones de Pemex y CFE, sumada con las inversiones privadas en el sector eléctrico, serían suficientes.

La mirada ambiciosa y la nueva ley parecen tener potencial. Sin embargo, si se quiere alcanzar tan altas metas, no se pueden repetir los errores del pasado. Es imperativo no subestimar la elasticidad de la oferta de inversión. Sin términos contractuales y regulatorios que sean competitivos con otras oportunidades de gran escala, es probable que la economía no vea el esperado flujo de dólares.

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