El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) Arfturo Zaldivar anunció que el Instituto de la Defensoría Pública Federal se hará cargo de la defensa de 200 mujeres recluidas en el penal de SanTa Martha Acatitla, donde se revisarán cada expediente y se agilizarán las audiencias que permita combatir la burocracia y dilación.
Así lo informó durante su conferencia de prensa mensual, en la que además anunció otras cuatro acciones que tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura Federal ejercerán para “responder a la grave situación que tiene que ver con las mujeres privadas de la libertad”.
De acuerdo con Zaldívar, derivado de su visita a Santa Martha Acatitla durante todo el fin de semana su equipo revisó todos los documentos, machotes, cartas o documentos que las mujeres reclusas le entregaron durante su visita, con lo cual se pudo integrar 550 asuntos.
“El día de mañana acudirán nuestras defensoras y defensores públicos encabezados por Netzaí Sandoval, titular del Instituto de la Defensoría Pública Federal, para que podamos tomar la defensa, si así lo deciden las mujeres, de 200 asuntos […] en que pensamos que por las características podemos lograr resultados favorables en beneficio de las mujeres”, dijo.
Respecto a la situación de Rosario Robles, exsecretaria de Estado recluida en este penal, el ministro descartó que su caso vaya a ser observado por la Defensoría Pública, pues estos 200 casos serán solo de “personas de escasos recursos que no tienen defensor público o están siendo defendidos por un defensor de oficio”
“Entonces la defensoría lo que busca es defender este tipo de casos. La señora Rosario Robles no está en la hipótesis de requerir un defensor público porque ella tiene defensores particulares”, especificó.
Como una segunda medida el ministro anunció que a partir de abril las y los defensores federales promoverán diversos incidentes en los cuales se buscará “revise la prisión preventiva de cualquier persona que tenga más de dos años en prisión”.
También anunció que se publicará un acuerdo que permita concentrar en dos o tres juzgados de distrito los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada con la idea de que se puedan establecer las reglas para que los jueces puedan decretar esta medida de manera justificada.
Como una cuarta y quinta medida informó que seguirán un litigio estratégico para que se respete a que de oficio se tengan que analizar todos los temas de mujeres privadas de la libertad con perspectiva de género y con enfoque en la defensa de grupos vulnerables como lo son las personas indígenas.
“Además, estamos haciendo un programa piloto en los estados de Oaxaca y Chiapas para determinar cuál es la situación de procesos locales”, por lo cual adelantó que de ser el caso buscarán firmar unos convenios similares al firmado con el gobierno de la Ciudad de México para defender casos particulares.
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