El 26 de enero de 2025, el panorama de la búsqueda de desaparecidos en México se tornó aún más sombrío con la desaparición de Héctor Aparicio en Tihuatlán, Veracruz, donde desde 2017 había estado indagando sobre el paradero de su hijo. Solo dos meses después, el 12 de marzo, Magdaleno Pérez, quien había dedicado seis años a buscar a su hija, perdió la vida en Poza Rica, víctima de la brutalidad policial que le dejó heridas fatales.
El dolor se esparcía como pólvora: en abril, la madre buscadora Teresa González Murillo fue asesinada en Guadalajara, tras un intento de secuestro, y en Tlajomulco, el 24, María del Carmen Morales fue asesinada, al igual que su hijo Daniel, mientras buscaba a Ernesto, su otro hijo. En junio, en Uruapan, un comando armado se llevó a Francisco Arias, conocido como Panchito, dejando atrás a su hijastro, Jaime González, muerto. A medida que el año avanzaba, la violencia continuaba: el 16 de julio, Gabriel Hernández fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, y a mediados de agosto, Aída Karina Juárez fue secuestrada en Zacatecas mientras buscaba a su hija, encontrando la muerte dos días después en San Luis Potosí. El 14 de octubre, en Mazatlán, María de los Ángeles Valenzuela fue también víctima de la violencia, mientras buscaba a su padre. Para culminar un año desolador, el 23 de noviembre, Yaritza Pérez fue asesinada en Ocosingo, Chiapas, y el 28 de diciembre, Juan José Arias fue secuestrado en Guanajuato mientras seguía el rastro de su hijo. Si 2025 se midiera por la violencia, resultaría ser el año más letal para las familias buscadoras en el país.
Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, revelan más de 133,000 desaparecidos. Sin embargo, el sistema enfrenta irregularidades —con entradas duplicadas y datos incompletos— lo que hace dudar de su efectividad. A pesar de ello, nadie puede cuestionar el tamaño de la crisis; 2025 marcó un aumento del 20% en registros de desapariciones respecto al año anterior, con 14,000 nuevos casos documentados bajo la administración de Claudia Sheinbaum, duplicando las cifras de 2019, año en el que se registraron cifras alarmantes.
Las desapariciones se han convertido en una piedra en el zapato para un gobierno que busca disminuir la percepción de violencia. Mientras el Estado no actúa, el 95% de los casos quedan impunes, y son las familias las que emprenden la búsqueda.
Como el caso de Johan Alain Hernández, un joven de 18 años que desapareció el 3 de septiembre de 2024 en Ixtapaluca. Tras meses de silenciosa desesperación, su familia intensificó la búsqueda, logrando que las autoridades detuvieran a cuatro personas relacionadas con la desaparición. Sin embargo, esta lucha tuvo un costo: el 11 de agosto, armados en una motocicleta, sujetos acribillaron a su padre, Roberto Hernández, frente a su casa.
María de Vecchi Gerli, investigadora de Artículo 19, evidencia la inacción del Estado: “No se están previniendo las desapariciones ni se garantizan la seguridad de quienes buscan”. Desde 2010, esta organización ha documentado 42 desapariciones y asesinatos de activistas buscadores; 2025 se ha consolidado como el año más mortal para ellos.
Esta realidad desgarradora pone de manifiesto no solo la crisis de desapariciones en México, sino también la sombría verdad de un país donde el sufrimiento de las familias buscadoras se ha amplificado ante el silencio y la impunidad.
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