Como cada año desde hace siete, el aniversario del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa recuerda el fracaso del Estado en hacer justicia. Confiadas en el quehacer de la unidad especial de la fiscalía que investiga el caso, del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la comisión presidencial dedicada a las pesquisas, las familias de los estudiantes empiezan sin embargo a perder la paciencia. Padres y madres de los normalistas atacados en 2014 en Iguala, Guerrero, ven con impotencia ciertas resistencias internas, caso de algunos sectores de la propia Fiscalía General de la República (FGR) y sobre todo de la Secretaría de la Defensa.
Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado a la comisión gubernamental que investiga el caso, liderada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que divulgue las declaraciones de los 30 militares que han interrogado los fiscales en los últimos años, ya bajo su mandato. Esto después de que el diario El Universal denunciara esta semana que la FGR incumplió el mandato del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de liberar las declaraciones de los militares, después de un recurso a una solicitud de información. El Universal ha explicado que aunque recibió los documentos, la mayoría llegaron testados, tachados.
Fuentes de la fiscalía cercanas a la investigación defienden el documento entregado, pese a la imposibilidad de leer buena parte de las hojas. “El INAI validó el documento que se entregó: ocultamos datos personales y circunstancias de modo, tiempo y lugar”. Estas fuentes añaden que es riesgoso entregar información de una investigación en curso, por mucho que se trate de un caso de violaciones graves a derechos humanos. “Si por ejemplo, uno de los militares señala la responsabilidad de una persona, inmediatamente se echa a perder, porque esa persona va a huir. Y luego, impera el mandato de las víctimas, porque se pueden revelar datos que te echan a perder líneas de investigación”.
Más allá de los motivos de la FGR para ocultar información y del INAI para validar su apuesta, resulta evidente el coste mediático de una decisión así. Desde hace varios días, las críticas a la dependencia han sido constantes, recordando por ejemplo a lo ocurrido cuando divulgaron el informe con que exoneraron al general Salvador Cienfuegos. El año pasado, las autoridades de Estados Unidos detuvieron en Los Ángeles a Cienfuegos, jefe del Ejército durante el Gobierno anterior. Trasladado a México tras una ofensiva diplomática del Ejecutivo de López Obrador, la FGR decidió que no había pruebas para proceder contra él. La dependencia liberó el informe con que sustentaba la exoneración, oscureciendo buena parte de las páginas.
El papel de los militares en 2014
Las críticas a la dependencia esta semana empañan en realidad uno de los aspectos más importantes de la investigación del caso Ayotzinapa: el papel de los militares. La actuación del Ejército antes, durante y después del ataque contra los normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, ha resultado sospechosa desde el principio. Ya en 2015, Columna Digital informaba del contenido de las declaraciones de dos de los militares del cuartel de Iguala, que ilustraban la desidia castrense durante el ataque. “No te acerques mucho ni te arriesgues”, llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente, mientras policías municipales coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos iban a la caza de estudiantes en el municipio.
La Secretaría de la Defensa siempre ha defendido que su actuación durante el ataque fue reactiva. Los militares solo salieron del cuartel ante reportes de disturbios en las calles, llegando a los escenarios de los ataques después de que hubieran ocurrido. Fue la tesis que vendieron durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), argumento que han tratado de sostener durante la actual administración. De ahí la insistencia de la unidad especial de la fiscalía de que todos los posibles involucrados declarasen o volvieran a declarar.
Ha sido un tira y afloja constante entre el Ejército y los diferentes grupos de investigadores vinculados al caso. No se trata solo de los testimonios, sino de la información recopilada sobre los ataques, sobre Guerreros Unidos, además de la posible vinculación de integrantes del batallón de Iguala con el grupo criminal. Hace unos meses, las autoridades detuvieron al capitán José Martínez Crespo por su presunto vínculo con Guerreros Unidos. Durante la noche del ataque, Crespo comandó una patrulla de militares por Iguala, la Fuerza de Reacción del cuartel local. Crespo y sus hombres pasaron por uno de los escenarios del ataque, el cruce de la calle Juan N. Álvarez y el anillo periférico, por un hospital donde se refugiaron parte de los muchachos tras el ataque y por una bodega de la policía local, conocida allí como Barandilla, donde al aparecer los atacantes habrían llevado a un grupo de normalistas.
Hasta ahora, Crespo ha mantenido que nunca vio a los estudiantes en Barandilla. Aunque hay dos testigos que han acusado al capitán de colaborar con Guerreros Unidos, no se sabe exactamente el alcance de su cercanía. De la misma manera, la información divulgada hasta ahora en los informes de la CIDH, en el expediente de la antigua Procuraduría General de la República o en el informe que presentó en 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, apenas abunda en la relación del Ejército con grupos criminales locales.
Es precisamente la relación entre los militares y el crimen local lo que ha ocupado a los investigadores en los últimos dos años, más activamente desde mayo. Fue entonces cuando el grupo comisionado por la CIDH, cansado de las evasivas castrenses, se plantó ante Encinas y López Obrador y exigió una verdadera apertura. Y fue a partir de entonces cuando se dio.
La CIDH accedió a cuarteles y archivos militares de Iguala, Acapulco y Chilpacingo, entre otros lugares, acumulando información sobre lo que los militares supieron del ataque, los datos que el Ejército tenía sobre la actividad criminal en la zona, las comunicaciones entre mandos y guarniciones y las comunicaciones que mantuvieron los efectivos de Iguala entre ellos y con sus superiores. Los investigadores accedieron igualmente a información sobre las consecuencias burocráticas que provocaron al interior del Ejército las interacciones mencionadas.
El grupo comandado por la CIDH acaba su mandato en México a finales de este año. Antes, tienen previsto rendir un informe sobre todos sus avances en estos años. Sus averiguaciones sobre el papel del Ejército serán cruciales para profundizar en el entendimiento del caso.
