El próximo 1 de junio de 2025 marcará un hito sin precedentes en la historia democrática de México: por primera vez, los cargos del Poder Judicial de la Federación se someterán a votación popular, en un proceso extraordinario que busca transformar desde la raíz la manera en que se elige a quienes imparten justicia en el país.
En total, estarán en juego 881 cargos judiciales de alto nivel. Entre ellos, destaca la elección de nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cúpula del sistema judicial mexicano. También se votará por dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quince más para sus salas regionales, además de cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. A esto se suman 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. Nunca antes se había planteado una elección judicial de semejante envergadura.
La magnitud del proceso rebasa el ámbito federal. Como parte de la armonización con las reformas electorales locales, 19 entidades del país —entre ellas Ciudad de México, Veracruz, Estado de México y Yucatán— también celebrarán elecciones judiciales locales. En Durango y Veracruz, además, se renovarán ayuntamientos, lo que añade una capa más de complejidad a la jornada.
Detrás del ejercicio democrático, sin embargo, se vislumbran varios desafíos que ponen a prueba la capacidad organizativa del sistema electoral mexicano. El primero de ellos es el tamaño mismo del proceso: el número de boletas a imprimir casi duplica al de las elecciones federales anteriores. La logística se ha vuelto titánica y, según advierte la consultora Integralia, los recursos disponibles no son suficientes para garantizar una organización impecable.
La celeridad con la que se ha montado el proceso, las boletas complejas, los topes de campaña tan bajos que impiden una verdadera promoción del voto informado y la movilización de simpatizantes por parte de actores políticos, podrían influir significativamente en los resultados. A esto se suma la probabilidad de que muchos recursos financieros o en especie no se reporten ante la autoridad electoral, lo cual compromete la transparencia del proceso.
Además, el poder de decisión no estará repartido de forma equitativa. En la Ciudad de México, por ejemplo, se concentran los órganos judiciales que toman decisiones de impacto nacional. Esto significa que el voto de sus habitantes tendrá un peso desproporcionado sobre asuntos que afectan a personas de todo el país, en temas tan delicados como el derecho penal, el comercio, la competencia económica y las telecomunicaciones.
Más allá de la elección en sí, lo que está en juego es el futuro del equilibrio de poderes en México. Todo apunta a que los ganadores serán, en su mayoría, perfiles respaldados por el gobierno federal y su coalición, lo que augura una inclinación política en las decisiones judiciales por venir. Si el Poder Judicial pierde su independencia, México perderá también a uno de los principales contrapesos del poder Ejecutivo y Legislativo. De consolidarse esta tendencia, el país entrará en una nueva etapa en la que la justicia ya no será ciega, sino aliada de quienes gobiernan.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
