Este domingo se cumplieron 100 días de la sentencia del Tribunal Supremo que derogó la protección federal del aborto y dejó a los Estados la potestad para legislar sobre el tema. El Instituto Guttmacher, de referencia en Estados Unidos en materia de salud reproductiva, ha hecho balance sobre las consecuencias de esa restricción del derecho a decidir de las mujeres que trajo la decisión del alto tribunal y calcula, en un informe publicado este jueves, que al menos 66 clínicas de 15 Estados, que contaban con 79 centros en total, han dejado en este tiempo de ofrecer servicios abortivos.
Esos territorios son los que cuentan con una prohibición total de las intervenciones (13 de los 15) o a partir de las primeras seis semanas desde la concepción, un plazo que en la práctica equivale al veto; pocas mujeres son conscientes de su estado a esas alturas del embarazo.
De las 79 clínicas, 26 han cerrado sus puertas por completo, mientras que 40 siguen abiertas y dedicadas a proveer servicios de salud reproductiva, tales como el suministro de píldoras anticonceptivas o revisiones para la detección temprana del cáncer de mama. También prestan ayuda para viajar a otros Estados, donde sí está protegido un derecho constitucional que garantizaba hasta el pasado 24 de junio un precedente de más de medio siglo sentado en 1973 por la sentencia Roe contra Wade. Los 13 centros que siguen interrumpiendo embarazos de acuerdo con las nuevas restricciones de seis semanas están todos en Georgia.
“En total, estos 15 estados albergan a casi 22 millones de mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años)”, detalla el informe del Instituto Guttmacher. ”Eso significa que casi un tercio (29%) de la población total de mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos vive en lugares donde el aborto no está disponible o está severamente restringido”.
Luisiana y Misisipí ya no tienen ninguna clínica de salud reproductiva, practique interrupciones del embarazo o no, aunque Texas es la que ha registrado el cambio más drástico: había 23 centros, de los que 12 han cerrado sus puertas y 11 ofrecen otros servicios, pero ninguna realiza abortos.
El Estado del sudoeste del país, el más grande de la unión, con un tamaño similar a Francia, ha abanderado esta nueva oleada regresiva. En septiembre del año pasado, su gobernador, el republicano Gregg Abbott, firmó una norma que se conoció como “la ley del latido”, porque prohíbe el aborto desde el momento en que se detectan el pulso cardiaco en el feto, alrededor de las seis semanas de gestación. Tras la sentencia del Supremo, se activó una norma aprobada de antemano y que estaba esperando a ese momento para entrar en vigor y prohibir totalmente el aborto en el territorio.
Este nuevo régimen, que en algunos Estados incorpora penas para quienes ayuden a las mujeres que aborten e incita a la delación, ha dejado a los médicos en un limbo legal, en el que se ven obligados a elegir entre el juramento hipocrático y el código penal.
El aborto está llamado a ser uno de los temas clave de la campaña para las elecciones legislativas (aunque no tanto como la alta inflación o la mala marcha de la economía). Se celebran el próximo 8 de noviembre para renovar la totalidad de los escaños del Congreso y un tercio de los del Senado. Se espera que la decisión del Supremo movilice el voto femenino. En algunos Estados, como Míchigan o Kentucky, ese día se vota además sobre si prohibir el aborto o no.
A principios de agosto, los ciudadanos de Kansas, los primeros en pronunciarse en un referendo sobre el tema, decidieron con una mayoría del 60% en favor de la libertad de elegir de las mujeres.
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