760,000 millones de pesos requieren cuidado.

El 23 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos llevó a cabo una de sus acciones más contundentes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sancionando a 39 personas y 16 empresas relacionadas con actividades ilícitas en ámbitos tan variados como la producción de tequila, gasolineras, agricultura y seguridad privada. Este golpe financiero revela no solo el alcance del crimen organizado en México, sino también la complejidad de las estructuras que permiten el blanqueo de capitales.

Con el crimen organizado en México lavando aproximadamente 44,000 millones de dólares al año —una cifra que se traduce en 760,000 millones de pesos, comparables a los presupuestos anuales de diversas secretarías federales—, es evidente que dicho fenómeno no opera de manera aislada. Para manejar tal volumen de dinero a través de negocios legales se requiere un amplio conocimiento en la creación y administración de empresas, habilidades que generalmente no son improvisadas.

Las sanciones del Tesoro no son aisladas. A lo largo de los años, se ha documentado una notable desproporción entre las redes financieras desmanteladas y el número de profesionales, como abogados y contadores, que son sancionados por su implicación con estos cárteles. Desde 2014, cuando tres abogados mexicanos vinculados a figuras del narcotráfico fueron sancionados, se han sumado otros casos, pero en comparación con el vasto panorama de operaciones criminales, estos son escasos. Por ejemplo, en julio de 2024, otros tres contadores fueron sancionados por su vinculación con fraudes en tiempos compartidos orquestados por el CJNG.

A pesar de estos esfuerzos, el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo clave en la lucha contra el lavado de dinero, ha enfatizado la vulnerabilidad de varios profesionales, incluyendo abogados y banqueros, que son instrumentalizados para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de estas empresas. La gran mayoría de estos profesionales actúa dentro del marco legal; no obstante, surge la interrogante sobre hasta qué punto las investigaciones alcanzan a aquellos que diseñan las estructuras financieras complejas, en lugar de concentrarse únicamente en quienes las operan.

Así, los cárteles continúan perdiendo líderes y operadores, pero tienen la capacidad de reconstruir sus redes financieras con sorprendente rapidez. Luego de más de dos décadas de esfuerzos para combatir el narcotráfico, resulta desconcertante que solo unos pocos profesionales hayan sido sancionados. Las preguntas persisten: ¿quiénes están detrás del diseño de estas arquitecturas de lavado de dinero y por qué no aparecen en los expedientes?

Las respuestas a estas inquietudes son cruciales para comprender la sofisticación del crimen organizado y el desafío que representa para las instituciones. En un entorno donde el lavado de dinero representa cerca del 2.5% del PIB de México, es imperativo que las investigaciones no solo se enfoquen en los operativos, sino que busquen desmantelar las bases que sostienen a estas organizaciones.

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