En un ambiente donde la política y el crimen organizado parecen entrelazarse, Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no ha dudado en señalar al diputado federal Leonel Godoy Rangel. Valencia ha exigido la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los supuestos vínculos de Godoy con Ramón Ángel, conocido como “El R1”, señalado como uno de los líderes del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La situación se recrudeció tras la captura de “El R1”, hermano de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde de Apatzingán y funcionario del partido Morena. Valencia ha manifestado que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una oportunidad crucial para demostrar que no respaldará a políticos implicados en escándalos criminales.
Valencia Reyes ha descrito la relación política entre Godoy, “El R1” y otras figuras como una “complicidad” que se ha gestado por más de una década. En sus declaraciones, enfatizó cómo, durante la gubernatura de Godoy, el CJNG logró aumentar su poder, sugiriendo que incluso se desviaron recursos públicos para favorecer a este grupo criminal.
“El gran padrino del crimen organizado es Leonel Godoy”, declaró, argumentando que su administración permitió el crecimiento de actividades delictivas en Michoacán. Enfatizó que es esencial que las autoridades federales lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre las cuentas de Godoy, quien ha sido identificado como parte de un círculo delictivo. Valencia se refirió a él irónicamente como “El R4”, insinuando su involucramiento con actividades ilegales, como el uso de un helicóptero oficial para asistir a reuniones privadas con cárteles.
La controversia no termina ahí, ya que el exalcalde de Apatzingán ha hecho exhibiciones públicas de su cercanía con Godoy, compartiendo fotografías y mensajes que subrayan su amistad. Esto ha llevado a Valencia a pedir al gobierno federal, bajo la administración de Sheinbaum, que demuestre que no hay una protección de cúpulas delictivas, independientemente de su estatus como funcionarios públicos.
En este contexto, la política en Michoacán está en el ojo del huracán, y las expectativas de la ciudadanía se centran en la respuesta de las autoridades ante estos alarmantes vínculos. La promesa de una investigación efectiva podría ser clave para restablecer la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en el estado de derecho. La situación sigue desarrollándose, dejando a muchos en espera de acciones concretas.
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