En la mañana del 10 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por un poderoso terremoto que dejó huellas devastadoras en varias ciudades de la región. El Servicio Geológico Colombiano lo catalogó como el más fuerte del siglo XXI, registrando una magnitud de 7.4 y una profundidad de 107 kilómetros. El sismo se produjo a las 7:34 a.m. hora local, y tuvo una duración de un minuto y 32 segundos que, según testimonios, pareció eterno para quienes lo experimentaron.
Los primeros informes revelaron la magnitud de la tragedia: 132 muertos, más de 570 heridos y 86 edificios en ruinas. Las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó y Manizales se encontraban entre las más afectadas, con Pereira soportando la mayor pérdida, incluyendo 60 fallecidos. Las operaciones en varios aeropuertos se interrumpieron, reflejando la gravedad del desastre; mientras tanto, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali fue el primero en reanudar actividades laterales a la devastación.
Entre las declaraciones de las autoridades, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo el viernes anterior, declaró el estado de emergencia nacional. Su prioridad fue clara: rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Desde Bogotá, convocó un Puesto de Mando Unificado para coordinar acciones con respecto a la atención de los afectados, enfatizando que el Gobierno estaría a la altura de esta crisis.
Las imágenes que inundaron las redes sociales mostraban la realidad desgarradora de los rescates. Una mujer fue sacada de un edificio en Cali, resaltando la urgencia de los esfuerzos de rescate. A medida que continuaban las labores, se mantenía la esperanza de encontrar a más víctimas con vida, aunque el número de desaparecidos indicaba que la realidad era sombría.
El epicentro, ubicado en San José del Palmar en el departamento de Chocó, enfrentaba dificultades graves de comunicación, lo que complicaba aún más los esfuerzos de respuesta. El alcalde local, León Fabio Marín, clamó por apoyo económico del Gobierno central, subrayando las limitaciones presupuestales de la región.
La tragedia generó respuestas internacionales. Países como Estados Unidos, México, Brasil e Israel ofrecieron su asistencia. El secretario estadounidense, Marco Rubio, afirmó la disponibilidad del gobierno de brindar ayuda humanitaria. Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostró solidaridad y apoyo, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, activó recursos de satélites para ayudar en las operaciones de rescate.
La magnitud de la tragedia llevó al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) a anunciar una donación de 500 mil dólares, destinada a la atención humanitaria y recuperación de las zonas afectadas, y el Banco de Alimentos de Bogotá habilitó canales para recibir donaciones.
Estas acciones, tanto nacionales como internacionales, destacan la resiliencia de un país que lucha por recuperarse de una de las tragedias más significativas de su historia reciente. La población espera con ansias la ayuda necesaria mientras la búsqueda de sobrevivientes se intensifica, y el dolor de la pérdida se ilumina con destellos de solidaridad.
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