Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ) verán una significativa reducción en sus percepciones para el ejercicio fiscal de 2027. Según el último informe presentado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, las remuneraciones totales anuales brutas (PTAB) de estos funcionarios caerán drásticamente, un 5.3% en el caso de los ministros y hasta un 49.6% para los magistrados del TDJ y OAJ.
Específicamente, los nueve ministros del pleno de la SCJN verán sus ingresos pasar de 2,877,288 pesos a 2,806,632 pesos. Por su parte, los cinco magistrados del TDJ y OAJ tendrán un ajuste aún más severo, pasando de 5,529,451 pesos a cifras que rondan los 2,874,703 y 2,874,290 pesos, respectivamente.
La situación se agrava aún más para los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes en 2027 recibirán apenas 2,878,133 pesos, una disminución del 100% respecto a los 4,152,196 pesos que percibirán este año.
El recorte en las remuneraciones no se limita a los salarios; también se eliminarán los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada que aún disfrutan los ministros y magistrados en 2026. Estos seguros representaban una parte importante de las prestaciones, que para este año sumaban 577,407 pesos en el caso de los ministros. Para 2027, las prestaciones caerán a 568,803 pesos, incluyendo aguinaldo, aportaciones a seguridad social y otros conceptos.
Por su parte, las prestaciones de los magistrados del TEPJF se calculan en 678,267 pesos para el próximo año, con un desglose que incluye aguinaldo y asignaciones adicionales. En el caso del TDJ, las prestaciones alcanzarán 578,837 pesos, mientras que los magistrados del OAJ tendrán prestaciones de 571,288 pesos, más un incentivo adicional por pago de riesgo.
Este escenario representa un cambio estratégico en el manejo del presupuesto destinado a la alta burocracia judicial, frente a un contexto de austeridad que el gobierno está impulsando. La reducción en las asignaciones económicas puede suscitar diversas reacciones en la esfera pública y política, ya que toca fibras sensibles en torno a la percepción de privilegios en el sector judicial.
Así, el presupuesto para 2027 muestra una clara voluntad de ajuste en las percepciones de quienes ocupan altos cargos en el Poder Judicial, reflejando un giro hacia una mayor contención del gasto público.
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