Una obligación impagable

En un contexto económico complicado y marcado por la creciente deuda pública, el panorama para México resulta alarmante. La deuda acumulada, que supera los 20 billones de pesos, podría tardar hasta 40 años en liquidarse si se congela en su nivel actual. Este dato resalta el desafío estructural que enfrenta el país: la insuficiente recaudación fiscal y el creciente pago de intereses.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó recientemente que la deuda es manejable y que México cuenta con una de las tasas más bajas entre los países de la OCDE. No obstante, esta afirmación debe ser matizada al considerar las diferencias en las condiciones de vida y desarrollo entre naciones miembros. Aunque el gobierno sostiene que la deuda equivale a menos del 50% del PIB, otros estimados sugieren que al cierre del año podría alcanzar el 54%.

La utilización de la deuda es un asunto delicado; su destino debiera ser la inversión en infraestructura y no para gasto corriente. Sin embargo, en cuanto a infraestructura, el país muestra un rezago preocupante en sectores clave, como el energético. Las grandes obras impulsadas por la administración actual han enfrentado múltiples obstáculos: la refinería de Dos Bocas no ha alcanzado su producción esperada, el Tren Maya opera con pérdidas, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no ha solucionado la saturación del aeropuerto capitalino, sufriendo pérdidas significativas.

Adicionalmente, ciertos proyectos han fracasado en materializarse, como los planes para desarrollos turísticos en las Islas Marías y la extracción de litio. El crecimiento de la deuda es veloz y, de seguir esta tendencia, se estima que podría aumentar un 4% del PIB para 2027, alcanzando casi el 57% del PIB para 2032. Este incremento se ve impulsado en gran parte por Pemex y la CFE, empresas que, a pesar de los rescates gubernamentales, no están cumpliendo con las necesidades del país. Pemex, en particular, produce a niveles de 1975, lo que genera un impacto negativo en el sector energético.

Además, la CFE enfrenta un retraso en la modernización de su infraestructura, especialmente ante una creciente demanda de energía por avances como la inteligencia artificial. Específicamente, se prevé que el déficit fiscal podría alcanzarse a un 6% o más, lo que compromete aún más la viabilidad de los pagos de intereses por unos 17 billones de pesos en los próximos 39 años, con un desembolso anual de alrededor de 1.3 billones de pesos.

Para revertir esta situación, el camino hacia el equilibrio fiscal se torna imprescindible, lo que significa que el gobierno debería evitar gastar más de lo que ingresa. Sin embargo, las proyecciones indican que el déficit fiscal para 2027 alcanzará la cifra de 1 billón 358,558 millones de pesos, lo que implica un gasto diario de 3,722 millones de pesos por encima de los ingresos.

Si hipotéticamente se pudiera congelar la deuda en el nivel actual, pagarla tomaría alrededor de 40 años, un escenario que, claramente, es insostenible y poco probable. La urgencia de un enfoque fiscal responsable es evidente en este contexto de incertidumbre, donde cada decisión tiene el potencial de alterar la estabilidad económica del país.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.