Durante el año 2025, las fiscalías de México abrieron un total de 2 millones 64,775 carpetas de investigación, marcando una disminución del 3.5% en comparación con el año anterior. No obstante, al culminar el año, se registraron aún 2 millones 916,624 procedimientos que quedaban pendientes de concluir, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) publicado en octubre de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De las carpetas iniciadas, la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo un total de 84,144 casos, mientras que las fiscalías estatales (FGE) acumularon 1 millón 980,631. Resulta notable que el 98.5% de las carpetas abiertas correspondieron al sistema penal para adultos, dejando apenas un 1.5% para el sistema de justicia juvenil.
En el ámbito geográfico, el Estado de México lideró las cifras con 350,224 carpetas, seguido por la Ciudad de México, que registró 210,384, y Guanajuato con 161,902. En conjunto, estas tres entidades representaron un alarmante 35% del total nacional, reflejando una concentración preocupante tanto en la apertura como en los procedimientos pendientes.
Uno de los aspectos más críticos de este informe es que, de las investigaciones iniciadas, 1 millón 255,373 carpetas, equivalentes al 60.8%, no contaban con una persona imputada identificada al momento de su apertura. En contrapartida, 619,566 carpetas comenzaron con una persona imputada, mientras que 103,491 presentaron condiciones mixtas.
Las fiscalías estatales también reportaron, durante 2025, un total de 2 millones 181,202 víctimas dentro de las carpetas abiertas, lo que representa una reducción del 2.9% respecto al año anterior. Este dato sugiere una leve disminución en la violencia o, posiblemente, en la efectividad de la identificación y el registro de las víctimas.
Reflejo de un sistema en tensión, al cierre de 2025, las fiscalías mantenían 2 millones 916,624 procedimientos pendientes, lo que implicó un aumento del 10.4% frente al año anterior. La mayoría de estos rezagos se concentró en las fiscalías estatales, que acumularon un asombroso 98.9% de los casos sin resolución, a pesar de que estas instituciones reportaron 5 millones 970,604 actos de investigación durante el año, lo que representa un incremento del 58.6% respecto al total de 2024.
Este notable crecimiento en la actividad investigadora estuvo marcado por el predominio de diligencias que no requieren autorización judicial. De los más de 5 millones de actos realizados, el 97% fueron acciones administrativas como la solicitud de informes periciales, entrevistas a testigos e inspecciones de inmuebles. Por el contrario, solo un 3% de los actos requirió control judicial, lo que puede generar dudas sobre la transparencia y la supervisión en el proceso penal.
En esta misma línea, en el fuero común, el robo se destacó como el delito más registrado, con 479,974 casos, equivalente al 23.8% del total. En el ámbito federal, los delitos relacionados con armas, explosivos y otros materiales destructivos dominaron las cifras, con 17,985 casos, representando el 21.4% de los delitos procesados por la FGR.
Los desafíos en la procuración de justicia siguen siendo significativos, donde la mejora en la identificación de culpables y la reducción de los pendientes de investigación se presentan como urgencias no solo para las instituciones, sino también para una sociedad que demanda seguridad y justicia eficaz.
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