Las autoridades bielorrrusas han cerrado más de 40 organizaciones no gubernamentales (ONG). Después de que en el Consejo de Ministros presidido por Alexandr Lukashenko las calificara el jueves de “agentes extranjeros” y “bandidos”. Entre las organizaciones inhabilitadas se encuentran entidades de perfiles tan distintos como la defensa de los derechos humanos, culturales o ecológicas, entre otras.
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Viasná (primavera en bielorruso), organización de defensa de los derechos humanos. Ha publicado este viernes una lista de 21 ONG clausuradas el día anterior. Lista que se ha ido ampliando a lo largo del día y que ya alcanza las 43. Además, el Ministerio de Justicia ha presentado ante el Tribunal Supremo el proceso de liquidación de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia y del Centro PEN. Esta última institución, que encabeza la premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich. Había denunciado recientemente 621 violaciones de derechos humanos contra personalidades de la cultura en la primera mitad de 2021. Más que las registradas a lo largo de todo 2020, que ascendieron según su contabilización a 593.
En el Consejo de Ministros, Lukashenko anunció que había que continuar con la “limpieza” de las ONG. Una tarea —se lamentó— que no resulta fácil, ya que en Bielorrusia funcionan alrededor de 2.000 “organizaciones no comerciales”, a las que calificó de “bandidos y agentes extranjeros en el pequeño país”.
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El presidente bielorruso comentó, según la agencia oficial BelTA, que en su momento habían autorizado la presencia y creación de ONG en un impulso “democrático”. Pero “ahora nos hemos dado cuenta de que están perjudicando al Estado”. Según Lukashenko, “limpiarlas” resulta difícil, ya que miles de personas a quienes “les han lavado el cerebro con dinero extranjero” trabajan en ellas.
Paralelamente a la redada contra las organizaciones de derechos humanos, el régimen de Lukashenko continúa su campaña de persecución contra periodistas y medios de prensa independientes. La Asociación de Periodistas de Bielorrusia (APB) denunció a principios de esta semana que en los últimos 10 días la policía ha llevado a cabo allanamientos en más de 70 medios de comunicación y editoriales. En la que va del año, según la APB, las fuerzas del orden han realizado más de 100 redadas contra periodistas.
El acoso a ONG y periodistas que las autoridades bielorrusias han lanzado se puede explicar por la proximidad del aniversario del inicio de las protestas sociales contra el régimen tras la reelección de Lukashenko como presidente del país, unos resultados que activistas y expertos independientes consideran amañados. El 9 de agosto 2020 se anunciaron los resultados de aquellas elecciones, unos datos que la principal líder opositora, Svetlana Tijanóvskaya, exiliada en Lituania, no reconoció como legítimos, denunció fraude electoral y aseguró que en realidad ella había ganado los comicios con entre el 60% y el 70% de los votos. El día 14 del mismo mes se creó el Consejo de Coordinación de Bielorrusia, principal organizador de las protestas que durante 10 meses sacudieron al país.
El Comité de Investigaciones de Bielorrusia, un órgano de la seguridad del Estado, aseguró la semana pasada que tenía pruebas de que varias ONG y medios de comunicación habían estado involucrados en la financiación de las protestas de 2020. Eso implicaría que el régimen ha dado un golpe preventivo para tratar de evitar una nueva ola de manifestaciones coincidiendo con aquel aniversario.
Según Viasná, el número de presos políticos se ha disparado este año y suma ya 436 personas, sin contar los cientos que están bajo investigación.
