El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo ha dado un paso significativo hacia la autonomía y la democracia sindical al aprobar un dictamen impulsado por el diputado Hugo Ernesto Rangel Vargas. Esta reforma, que incluye la adición del artículo 69 Quáter a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y del artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, establece un marco jurídico robusto para sancionar cualquier intervención, coacción o presión de servidores públicos en la vida interna de las organizaciones sindicales.
La importancia de esta reforma es capital para el Partido del Trabajo, el cual la considera un logro fundamental que garantiza que los trabajadores tengan la libertad de organizarse, elegir a sus representantes y tomar decisiones sobre sus sindicatos sin presiones externas. Hugo Rangel enfatizó el impacto que la organización, movilización y lucha de los trabajadores ha tenido en la configuración de los derechos laborales que hoy se reconocen en la ley, señalando que “las luchas de hoy son los derechos de mañana”.
El legislador también subrayó las colaboraciones entre diferentes partidos que permitieron la construcción del dictamen, incluyendo las propuestas del diputado Octavio Ocampo del PRD y de las contribuciones realizadas por el grupo parlamentario de MORENA. Este acuerdo resalta la posibilidad de unir fuerzas políticas en la protección de los derechos laborales y en la limitación del ejercicio arbitrario del poder gubernamental.
Rangel Vargas concluyó destacando que esta reforma posiciona a Michoacán en una trayectoria de mayor protección de los derechos laborales y de los principios de libertad y autonomía sindical reconocidos internacionalmente. “La decisión sobre la vida de los sindicatos debe estar en manos de las y los trabajadores, no de aquellos que ocupan temporalmente un cargo público”, afirmó, poniendo de relieve la necesidad de preservar la integridad de las organizaciones sindicales frente a la intimidación y la coacción gubernamental.
Este avance legislativo, que se registró el 7 de octubre de 2026, representa no solo un logro en la esfera política de la entidad, sino un cambio necesario en la dinámica de la relación entre el Estado y los sindicatos.
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