Las mujeres del sector restaurantero, junto a organizaciones y voces de quienes están en recuperación, han hecho un llamado al Poder Legislativo mexicano. Su demanda es firme: mantener una política fiscal robusta y progresiva que priorice la protección de la salud pública.
El 29 de septiembre, el diputado Francisco Javier Guízar Macías, acompañado de 42 legisladores, presentó una iniciativa que propone sustituir las actuales tasas impositivas sobre el alcohol —que oscilan entre el 26.5% y el 53%— por una cuota fija de $1.38 por grado de alcohol por litro, lo que equivale a aproximadamente $138 por litro de alcohol puro. Según un simulador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esta medida provocaría una significativa reducción en los precios de los destilados, que podrían bajar un 24.9%, lo que a su vez aumentaría el consumo en un 36.8%. Por el contrario, la cerveza vería un descenso de precio del 5.1%, con un aumento del consumo del 6.2%. Sin embargo, se estima que esta reforma generaría una reducción de más de 26 mil millones de pesos en recaudación, de la cual los estados y municipios reciben el 20% en participaciones.
Yahaira Ochoa, integrante de la Red de Mujeres Unidas contra el Alcoholismo (REMUSA), expresó su preocupación: “No podemos seguir permitiendo que la industria del alcohol normalice un producto que ha dañado el tejido social y es un detonante de violencia contra las mujeres. Los impuestos al alcohol son una medida costo-efectiva para disminuir el consumo y prevenir violencia”. La declaración subraya la relevancia constitucional de los diputados para proteger el bienestar y la salud de la ciudadanía, sugiriendo que cualquier intento de disminuir impuestos al alcohol sería una amenaza directa a estos derechos.
Fernanda Lezama, de Restaurantera Feminista, señaló que la industria del entretenimiento perpetúa dinámicas que vulneran la seguridad y los derechos de las mujeres, tanto como consumidores como trabajadoras. Indicó que, al ofrecer promociones de consumo gratis para mujeres, se cosifica a las usuarias, mientras que las exigencias laborales pueden poner al personal en situaciones de acoso y violencia. “Es imperativo articular políticas públicas y priorizar espacios laborales y de consumo seguros y libres de violencia de género”, afirmó.
Desde una perspectiva más personal, Paola V., trabajadora social y alcohólica en recuperación, subrayó el impacto devastador del alcoholismo, especialmente en mujeres. Su experiencia revela que la accesibilidad y la normalización del consumo generan efectos devastadores, intensificando la violencia intrafamiliar. “Aumentar impuestos no es una sanción, sino una medida de salud pública necesaria”, concluyó, enfatizando la urgencia de proteger vidas y familias.
Las cifras son alarmantes: en México, mueren 112 personas cada 24 horas por causas relacionadas con el alcohol. Los costos directos e indirectos de esta problemática se estiman en 552 mil millones de pesos anuales, mientras que los impuestos percibidos por la industria representan menos del 10% de esta cifra.
A pesar de que las organizaciones reconocieron que cambiar a un esquema de cobro por contenido de alcohol es un paso correcto, señalaron que la cuota propuesta por la iniciativa es, de hecho, una rebaja de impuestos. Sugieren una cuota de $494.8 por litro de alcohol puro, que, de implementarse, podría resultar en una reducción del consumo y una recaudación adicional de 24,208.5 millones de pesos. Con esta cuota, el precio de una lata de cerveza podría aumentar de $19 a $24, y una botella de vino de mesa de $185 a $204.
La situación exige atención urgente y decisiones que impacten de manera positiva en la salud pública, la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos, especialmente de las mujeres.
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