Desde el gobierno mexicano, se presume un notable éxito en la recaudación fiscal que parece marcar un hito en la historia reciente del país. Para el año 2027, se proyecta captar un total de 10.63 billones de pesos, de los cuales 6.2 billones serán ingresos tributarios. Esta cifra representa un aumento de casi 4% en comparación con lo aprobado para el 2026.
Gari Flores Hernández González, administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), destaca la notable despetrolización de las finanzas públicas, logrando esta transformación sin necesidad de implementar una reforma fiscal. Los contribuyentes, que aportan el 68% de los ingresos presupuestarios, se han convertido en la columna vertebral del gasto público.
Desde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la recaudación ha superado los 9.2 billones de pesos, y en menos de dos años, se ha logrado captar dos terceras partes del total recaudado en el sexenio de 2012 a 2018. Con un enfoque en la eficiencia recaudatoria, las autoridades buscan cerrar los espacios a la evasión y la elusión fiscales.
Una de las particularidades que destaca el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, es que, de las 500 mil empresas que reportaron ingresos positivos en la Declaración Anual de 2026, solo el 40% pagó impuestos. Alarmantemente, solo el 10% de estas empresas abonó una tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta (ISR) superior al 2%. Esto indica una necesidad urgente de reforzar la base tributaria, combatir operaciones simuladas y facturas falsas, sin la creación de nuevos impuestos.
Para lograr estos objetivos, el gobierno plantea una limitación en las deducciones permitidas a un máximo de 96.66% de los ingresos y las pérdidas fiscales a un 50% de la utilidad del ejercicio, aplicable a empresas con facturación superior a 50 millones de pesos. Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se resaltó la importancia de estos cambios en el Paquete Económico 2027.
En el tema del “huachicol” fiscal, las autoridades se concentran en reforzar los controles para combatirlo. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se detectaron más de 109 mil millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de aproximadamente 4 mil 600 millones de pesos en IVA e IEPS. Según un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre 2018 y 2025, el huachicol fiscal movió alrededor de 147 mil millones de litros de gasolina y diésel, representando un valor potencial de 3.1 billones de pesos en el mercado mexicano.
Este monto evadido en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) equivale a una cifra alarmante de 600 mil millones de pesos, que, calculada en litros, alcanza los 147 mil millones. Para poner esta cifra en contexto, 3.1 billones de pesos corresponden a casi una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, que asciende a 10.2 billones de pesos.
La magnitud del huachicol fiscal es tal que, si se considerara como una empresa, figuraría entre las de mayor volumen de negocio en el país. Sin embargo, a pesar de su impacto económico, la narrativa oficial carece de una historia comprensible que explique el daño que estas prácticas han causado y siguen causando a las finanzas públicas.
Sin duda, el éxito recaudatorio de las administraciones recientes podría haber sido aún más impresionante de no ser por el daño persistente del huachicol fiscal, que afecta tanto la recaudación como la confianza en el sistema tributario. La historia continúa desarrollándose, y con medidas específicas, el gobierno mexicano busca enfrentar estos desafíos para construir un futuro fiscal más robusto y sostenible.
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