Por Juan Carlos Sánchez Magallán
Ante los incrementos desmedidos de los precios del gas, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió impulsar la creación de una empresa nacional del Estado que lo distribuya y venda a los usuarios, para frenar los abusos de las grandes empresas que lo monopolizan, pues sobradamente se conocen acciones como “la ordeña”, que realizan en zonas medias y altas, donde “nadie se salva”, en camiones salchicha, pues al iniciar el suministro del cilindro al tanque estacionario abren “llaves de paso” a su arbitrio para el retorno de gas al cilindro del automotor, para volver a ser refacturado, este fraude puede ser del 20% o 30%, por supuesto, los consumidores pagan sin tener la menor idea del robo cometido.
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Qué decir del suministro a las colonias populares, donde el abasto se realiza con cilindros de 20 litros, que en su mayoría son viejos y que almacenan en la base del tanque un tipo de lodo o sedimento que provoca que se llenen con menos litros del cobrado a los consumidores de magros recursos económicos.
Aquí se da un doble engaño, pues los llenan con menos contenido del obligado a entregar; incluso poniendo en riesgo la vida de los consumidores, al tener una vida útil de 7 años, teniendo la obligación, las empresas, de destruir los tanques, como lo ordena la Norma Oficial Mexicana.
Adicionalmente, los instrumentos de medición deben, obligadamente, calibrarse cada año, tener un holograma a la vista para que den kilos de kilo y litros de litro, lo contrario de todo esto amerita la aplicación de medidas de apremio, impuestas por la Profeco por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, consistentes en la inmovilización de los tanques de 20 litros o de los cilindros de los autotanques, multas económicas a las empresas proveedoras de gas y sanciones adicionales, como la clausura de la negociación, consecuencia del incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
A mayor abundamiento, los precios del gas LP se expresan en litros (l) para tanques estacionarios o en kilogramos (kg) para cilindros portátiles, que pueden ser de 10, 20 y 30 kg.
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La Profeco reporta los precios del gas de las diversas regiones del país que autoriza la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero estos no son respetados en muchas colonias populares de las zonas urbanas, teniendo la obligación la Profeco de realizar prácticas de verificación y vigilancia, de oficio o bien las que procedan de las denuncias presenciales o por vía telefónica, electrónica y por cualquier otro medio digital u óptico.
Ante esta realidad, el presidente López Obrador anunció la creación de la Empresa Estatal de Gas Bienestar; resultando que un empresario del estado de Baja California se le adelantó y registró en el IMPI la marca “gas del bienestar” y “gas bienestar”, cerrándole la posibilidad al jefe del Ejecutivo de usar este nombre para la empresa estatal que habrá de fundar en fecha próxima.
Qué casualidad, el presidente AMLO anunció la creación de la empresa el 7 de julio y, el día 8, este habilidoso empresario ingresó su solicitud de registro de la marca. ¿Coincidencia o ganas de torpedear los proyectos del Presidente para evitar llevarle a los mexicanos gas a precios justos y no especulativos como los del monopolio empresarial que existe en el país?
Asimismo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene la facultad para investigar si están dadas las condiciones de competencia entre las empresas, o bien, si éstas se ponen de acuerdo para incrementar a su arbitrio los precios del necesario energético doméstico, debiendo imponer las medidas de apremio correspondientes.
La mala noticia es que existen empresarios abusivos; la buena, que tenemos instituciones públicas para meterlos al orden.
