Por Javier Santiago Castillo
Las campañas siempre han sido financiadas con recursos públicos y/o privados, en el antiguo régimen sin control alguno; en los casos del uso de dineros del erario para esos fines era ilegal, pero una costumbre arraigada de quienes detentaron el poder. Ahí está el testimonio de Gonzalo N. Santos (el Alazán Tostado “primero muerto que cansado”) del manejo discrecional del presupuesto de la Cámara de Diputados cuando fue coordinador.
Un ejemplo de las aportaciones empresariales a las campañas electorales lo proporciona Andrew Paxtman en la biografía de Wiliam Jenkins, al informar de la donación de 40 mil pesos a la campaña de Maximino Ávila Camacho como gobernador y de 400 mil a la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho. Eran pesos, pero de aquellos pesos.
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El expresidente Miguel Alemán Valdés cuenta en sus memorias que tuvo que empeñar parte de su patrimonio para sufragar los gastos de su primera campaña como diputado. También relata que no volvió a sufrir estrecheces financieras para sus actividades políticas, pues inició, en compañía de Gabriel Ramos Millán, negocios inmobiliarios en la Ciudad de México, léase especulación con terrenos urbanos. Los partidos se financiaban con dinero público ilegal o privado que luego se retribuía a los donadores por medios de negocios al cobijo de los cargos públicos obtenidos en beneficio mutuo.
La reforma política de 1977-1978 otorgó a los partidos financiamiento público en especie, pero no en dinero; fue hasta la reforma electoral de 1986-1987, que se les proporcionó. Simultáneamente, en el Código Electoral quedó establecida, apenas, una pálida norma que obligaba a los partidos a justificar anualmente los recursos del erario recibidos para realizar sus actividades políticas.
Tendría que transcurrir una década, 1996, para que se estableciera la Comisión de Fiscalización integrada por consejeros del Consejo General del IFE, con atribuciones específicas sobre la fiscalización de dinero manejado por los partidos políticos. La reforma electoral de 2008 creó la Unidad Técnica de Fiscalización afinando los mecanismos de revisión de las finanzas partidarias y la de 2008 creó un modelo de fiscalización más complejo.
La magnitud del trabajo realizado por el INE es relevante: 34 mil informes revisados, que involucraron la fiscalización de 11 mil 400 346 millones de pesos entre ingresos y egresos de las campañas. La fiscalización a los partidos políticos siempre es noticia, con tintes de escandalosos, debido a los montos involucrados y, a que parte de ellos son recursos provenientes del erario. Para estas elecciones las sanciones a los partidos sumarán en total mil 203 millones 653 mil pesos, más del doble de las sanciones aplicada en el año 2000 al PRI (Pemexgate) y al PAN (Amigos de Fox).
Los rebases de los gastos de campaña, que llegaron a 274, uno a nivel federal y el resto a nivel local; 35 candidaturas resultaron ganadoras. Los rebases van de menos del 2% del tope de gastos de campaña, hasta alrededor de 200%. Sólo cinco casos ganadores rebasan el 5% de topes de gastos de campaña y el margen de victoria fue inferior al 5% de diferencia en la votación entre el ganador y el segundo lugar. Así mismo, de las resoluciones a 151 quejas presentadas, sólo 32 (21.19%) fueron consideradas fundadas o parcialmente fundadas.
La mayor cantidad de las multas tienen que ver con cerca de 60 tipos de infracciones, las más relevantes, que representan el 46% de las sanciones, son los egresos no reportados o comprobados y eventos registrados extemporáneamente. A nivel federal los partidos no reportaron 80 millones de pesos y a nivel local 268.
Las multas ascienden a: Morena, 373 millones 110 mil pesos; Fuerza por México, 102 millones 975 mil; RSP 100 millones 913 mil pesos; PRI 93 millones 778 mil pesos; PAN 88 millones 467 mil pesos; PT 85 millones 955 mil; PVEM 84 millones 538 mil; Movimiento Ciudadano 73 millones 198 mil; Encuentro Solidario 55 millones 86 mil, y PRD 42 millones 843 mil.
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Dos asuntos relevantes son los del candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García y el PVEM, por la participación de “influencers” en redes sociales haciendo propaganda a su favor. La promoción realizada por Mariana Rodríguez esposa del candidato a gobernador es diferente a la del PVEM, pues existe una relación conyugal con el candidato.
Más allá de las 1,300 historias y 45 fotografías, que el INE consideró se tradujeron en un beneficio económico para la campaña de Samuel García que ascendió a 27 millones, 800 mil pesos y multa de 55 de millones a Movimiento Ciudadano por la difusión de esos mensajes, es importante definir hasta donde puede ejercer su libertad de expresión, derecho humano esencial, una persona con influencia social, en este caso a favor de su cónyuge.
El PVEM contrató a “influencers” para difundir su oferta política en redes sociales durante la veda electoral. El INE aprobó imponerle una multa de 40 millones de pesos, el doble del monto económico involucrado; además determinó suspender por un año los spots del partido en radio y televisión. No hay lugar a dudas de las infracciones cometidas y fueron juzgadas como actos violatorios a las normas de fiscalización, que es un mecanismo para la rendición de cuentas de los partidos sobre la utilización de los ingresos, sean públicos o privados, a la sociedad.
Este caso, puede complicarse para este partido, porque los “influencers” aceptaron que les habían pagado y dirigentes del partido declararon que no había salido dinero de sus arcas para sufragar esa propaganda. Entonces ¿quién pagó?, ese dinero se convierte en un ingreso no reportado y de origen desconocido
Recordemos que no es la primera ocasión que el PVEM, difunde spots ilegales en tiempo prohibido por la ley. En 2015 sistemáticamente violó la ley con una estrategia similar. Lo que lo convierte en reincidente, pero sobre todo que su conduta se caracteriza por ser dolosa.
En paralelo, se hizo público, que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral realiza pesquisa relacionada con el contenido de la propaganda electoral que, en su momento, deberá resolver la sala especializada del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aquí es donde la acreditación del dolo puede considerarse un agravante en la conducta del PVEM por persistir, a sabiendas, en su violación a la ley sistemáticamente. Entonces sí, podría encaminarse a sanción máxima: pérdida del registro o como sugirió algún magistrado en 2015: la suspensión temporal de registro, para no participar en la siguiente elección.
La fiscalización nos muestra diversas debilidades de los partidos políticos:
En primer lugar, su frágil estructura contable para ser eficaces en atender los requerimientos de fiscalización. Al partido en el poder se le aplicaron las mayores sanciones; llama la atención que los partidos que ocupan el segundo y tercer lugar en el monto de las sanciones hayan perdido el registro. Habría que ubicar en dónde se encuentran sus infracciones para conocer cómo fueron financiados.
En segundo, persisten los ingresos no reportados, que es dinero oscuro y podría configurar algún delito de quien lo aporta y de quien lo recibe, pero no se persigue como tal, sólo se sanciona administrativamente.
Como hemos visto la regulación de la fiscalización, al paso del tiempo, ha mejorado, pero lo más delicado es la presencia de prácticas inerciales, de una cultura política del agandalle y no respeto a la ley, lo que hace aflorar uno de los lados más oscuros de la política y la inmadurez de nuestra democracia. Don Daniel Cosío Villegas, en su ensayo clásico, sugería que para enmendar los males de la Revolución le apostaba a la autorregeneración de los revolucionarios. Siendo optimistas podemos coincidir parcialmente con él, pero hoy es indispensable una sociedad más vigilante y participativa, de otra manera vendrán tiempos más obscuros.
