Se han cumplido seis meses desde que el Ejército birmano, el Tatmadaw, perpetró el golpe de Estado que puso fin a los intentos de transición democrática en Myanmar, iniciados en 2011. El pasado 1 de febrero, las fuerzas militares tomaron el poder de la nación del sureste asiático, zanjando así su desacuerdo con el triunfo electoral del 8 de noviembre de la jefa de gobierno de hecho, Aung San Suu Kyi, y de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés). A la grave crisis política que se desencadenó desde entonces, se suma la provocada por la acelerada propagación de la covid-19 desde principios de julio en el país, una situación agravada por la escasez de doctores e insumos médicos.
El líder de la junta militar que controla la antigua Birmania desde la asonada, Min Aung Hlaing, anunció el domingo en un discurso televisado de una hora que asumirá el cargo de primer ministro de un nuevo gobierno provisional que sustituye al Consejo de Administración Estatal, el cual ha presidido él mismo desde el golpe. El general reiteró su promesa de celebrar “unas elecciones multipartidistas, justas y libres” cuando finalice el estado de emergencia, que se extenderá hasta agosto de 2023. De ser así, Myanmar habrá estado controlada por los militares durante dos años y medio en lugar de uno, como se indicó en febrero.
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Durante su alocución, Min Aung Hlaing también aprovechó para culpar a los opositores a la junta golpista de ser los responsables del reciente repunte de infecciones de covid-19 y de promover la desinformación del pueblo difundiendo noticias falsas sobre las políticas gubernamentales para contener el brote pandémico a través de las redes sociales, una campaña que etiquetó de “arma de bioterrorismo”.
Desde el 2 de febrero, una marea de manifestaciones pidiendo la liberación de la premio Nobel de la Paz de 1991 ha inundado las calles de las principales ciudades de la nación desafiando la violenta represión de los militares. La Asociación para la Protección de Presos Políticos calcula que 5.474 personas se encuentran detenidas y 945 han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad, un caos que ha sumido a Myanmar en una gran inestabilidad y deteriorado su entorno socioeconómico y de seguridad. Las últimas cifras del Banco Mundial no invitan al optimismo, sino que hacen avizorar un futuro marcado por un panorama de incertidumbre similar al del presente: la economía birmana se contraerá más de un 18% en este 2021.
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A la tormenta política que azota Columna Digital desde inicios de año se suma una terrible crisis humanitaria empeorada por la mala gestión de la pandemia durante una tercera ola de contagios mucho más letal que las anteriores. Gran parte de los integrantes del Movimiento de Desobediencia Civil son trabajadores sanitarios que han abandonado sus puestos como protesta contra la junta y han sido víctimas de detenciones arbitrarias. El sistema sanitario de Myanmar, controlado por los militares, en consecuencia, se encuentra bajo una presión extrema por los estragos causados por el nuevo coronavirus –en especial, la variante delta– y la falta de personal e insumos médicos, principalmente de oxígeno.
