Un año después de la catástrofe que devastó el puerto de Beirut, Líbano sigue en estado de coma político y económico, atrapado en las arenas movedizas de un Estado fallido. El colapso nacional es aún más grave que el del 4 de agosto de 2020, cuando el estallido de toneladas de nitrato de amonio, utilizado para fertilizantes y explosivos, causó 218 muertos, dejó heridas a unas 7.000 personas y desplazó de sus hogares a 300.000 beirutíes, con unos daños estimados en hasta 5.000 millones de euros.
“Las pruebas recabadas muestran de forma manifiesta que se debió a acciones y omisiones de altos cargos libaneses que no informaron del peligro que suponía el nitrato de amonio, a sabiendas de que se hallaba almacenado en condiciones inseguras, y que no supieron proteger a los ciudadanos”, recapitula Lama Fakih, directora de crisis y conflictos de Human Rights Watch, en un informe presentado el martes en teleconferencia desde Beirut.
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Fue una de las mayores explosiones no nucleares registradas en tiempos contemporáneos. Y se llevó por delante también el régimen clientelar de partidos étnicos y religiosos surgido hace tres décadas, tras la sangrienta guerra civil que azotó durante 15 años al país del Levante mediterráneo. Cuatro primeros ministros han pasado en el último año por el poder sin que ninguno haya logrado formar un Gobierno estable hasta ahora. Líbano sigue paralizado, mientras la comunidad internacional se niega a reflotar su economía en bancarrota si no se aplican reformas drásticas contra la corrupción. En los meses previos a la explosión, las protestas sociales contra una clase dirigente que solo busca perpetuar el statu quo ya habían agitado las calles libanesas en una escala sin precedentes desde el conflicto civil.
Pero con las cuentas en divisas en la banca sometidas a un corralito; sin combustible en las gasolineras, ni apenas medicinas ni alimentos básicos en farmacias y supermercados, y la libra libanesa devaluada en un 90% frente al dólar y la inflación que ha superado el 200% a lo largo de los dos últimos años Líbano se desliza hacia al caos. La mitad de sus 4,5 millones de habitantes y casi todos los refugiados —un millón de sirios y cientos de miles de palestinos— han caído bajo el umbral de la pobreza extrema.
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Desde la segunda conferencia de donantes para Líbano, organizada en diciembre del año pasado, se han logrado superar los 280 millones de euros comprometidos por la comunidad internacional en asistencia de emergencia. El presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto encabezar hoy una tercera conferencia virtual “de apoyo a la población libanesa” —subrayando que no va dirigida al Gobierno ni las instituciones— para la que la ONU ha cifrado en más de 350 millones de euros el objetivo de ayuda urgente necesaria.
Francia espera que este nuevo cónclave internacional sirva para impulsar a los líderes de Líbano a formar de una vez Gobierno, una demanda constante desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, las presiones externas no han surtido efecto, pese a las crecientes amenazas de sanciones desde la comunidad internacional, cada vez más frustrada con el bloqueo político libanés. “Será la ocasión para reafirmar la necesidad de constituir rápidamente un Ejecutivo capaz de aplicar las reformas estructurales esperadas por la población, que permitirán ofrecer una ayuda en profundidad que vaya más allá de la emergencia”, han adelantado fuentes del Elíseo en vísperas de la cita.
