El pleno del Congreso de Brasil ha rechazado una propuesta apadrinada por el presidente, Jair Bolsonaro, para introducir modificaciones en el sistema de votación vigente. Supone una importante derrota política para el mandatario y es también un intento desde el Legislativo de cerrar una polémica artificial que Bolsonaro ha convertido en el eje de su precampaña para ser reelegido en 2022. Los embates del presidente contra otras instituciones son continuos. Lleva meses embarcado en una cruzada para sembrar dudas en torno a la fiabilidad del voto en urna electrónica, pese a que se utiliza desde hace 25 años y no se ha confirmado ningún fraude. Su estrategia recuerda a la utilizada por Donald Trump para cuestionar el resultado que lo desalojó de la Casa Blanca.
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El Congreso ha hecho bien en frenar la campaña del presidente. El sistema de urna electrónica es eficaz y fiable, según todas las pruebas a las que se ha sometido, y se adapta a un país continental como Brasil. Embarcarse, a 14 meses de las elecciones, en una reforma sin consenso ni argumentos sólidos que respalden su necesidad sería abrir la caja de los truenos. Porque además da alas a un debate basado en premisas falsas.
Antes de la votación, Bolsonaro y la cúpula militar presidieron una escena inédita desde el fin de la dictadura, en 1985: el paso de un convoy de tanques por el corazón político de Brasilia, que acoge las sedes de los tres poderes. Fueron 10 minutos, pero es un gesto autoritario y un intolerable intento de intimidación hacia los representantes de la soberanía popular por parte de un presidente que además es capitán en la reserva y está rodeado en el Gabinete por militares. Varias decenas de parlamentarios se ausentaron de la sesión.
Bolsonaro continúa su sistemática estrategia de normalizar gestos autoritarios. Los ataques se centran ahora en el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Supremo. Su virulencia debería preocupar a cualquier demócrata. El actual presidente de Brasil no sabe gobernar sin enemigos. Su metódica estrategia desgasta las instituciones democráticas, ahonda peligrosamente la polarización política y absorbe unas energías que deberían estar volcadas en resolver acuciantes problemas como la crisis económica —con una cifra récord de desempleados y unos inversores asustados por la deriva autoritaria— y la pandemia.
Las instituciones tienen que mantenerse firmes en la defensa de la separación de poderes y deben, incluidas las Fuerzas Armadas, mostrar un rechazo claro y contundente a los constantes intentos del presidente de que Brasil desande el valioso camino recorrido desde la reinstauración de la democracia.
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