El caso de Fabiola Campillai (37 años, madre de tres hijos) es uno de los más simbólicos de los atropellos a los derechos humanos por parte de la policía chilena en el contexto del estallido social de 2019. La noche del 26 de noviembre de ese año, todavía en las semanas álgidas de la revuelta, la trabajadora salió de su casa junto a su hermana en el municipio de San Bernardo, en el sur de la capital chilena, para ingresar al turno de noche en una fábrica de alimentos.
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Fue cerca de su vivienda donde ocurrió la tragedia, en un paradero de transporte público. Desde un grupo de carabineros que vigilaba a unos manifestantes, un policía lanzó una bomba lacrimógena que le impactó en pleno rostro. La mujer —bombera, futbolista y líder de su comunidad— “perdió la visión de ambos ojos debido al estallido de ambos globos oculares, presentando fracturas de huesos de cara y cráneo que provocaron ceguera total y pérdida del sentido del olfato”, asegura la Fiscalía. Tras casi dos años de los hechos, en que Campillai se ha transformado en un emblema, busca llegar al Senado en las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.
Lo hará como independiente, sin apoyos de partidos políticos ni movimientos, según aseguró el lunes, cuando inscribió formalmente su candidatura a la Cámara Alta, a horas de que terminara el plazo del Servicio Electoral. “Los desafíos que vienen requieren un esfuerzo colectivo amplio y transversal para que todas y todos cambiemos Chile”, escribió Campillai al informar a la opinión pública que no competiría como candidata por la Lista del Pueblo, el movimiento antisistema capitalista que logró una alta y sorpresiva representación en la convención constitucional, que tendrá hasta julio de 2022 para redactar una nueva Constitución. “Mi compromiso va más allá de un único movimiento social. Mi compromiso es y siempre será con todas y todos. Con el pueblo que ha sido violentado y vulnerado por tanto tiempo”, aseguró la candidata.
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Buscará un cupo por Santiago, la circunscripción de mayor tamaño del país. Campillai tuvo que conseguir 13.686 firmas para postularse como independiente, una cifra que superó. De resultar electa, promete dedicarse “a los temas principales planteados por la revuelta”: “Pensiones dignas, fin a las AFP [los administradores de fondos de pensiones, la base del sistema chileno], fin al endeudamiento educativo, salud y educación gratuitas y de calidad, la recuperación de los recursos naturales y, por supuesto, la justicia y reparación de las víctimas de la represión y la libertad de los presos políticos”, como denomina a los privados de libertad en el marco de las revueltas sociales de 2019.
Mientras, la investigación judicial sobre el caso Campillai sigue su curso. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el capitán de carabineros Patricio Maturana —expulsado ya de la institución— que lanzó la bomba lacrimógena que impactó en el rostro de Campillai. Lo acusan por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
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De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, “abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor, dispara con la carabina lanza gases, la cual es percutida de frente en forma recta, dirigiéndola directamente a las personas, en un ángulo inferior a 10 grados, sin realizar parábola, impactando un proyectil de frente en el rostro de la víctima, que se encontraba aproximadamente a 51 metros de distancia del imputado, quien cae al suelo perdiendo el conocimiento”. Los acusadores establecen que “de no haber mediado socorros inmediatos, las lesiones pudieron ocasionarle la muerte” a Campillai. La defensa, en tanto, pide nuevas diligencias.
A fines de julio pasado, la Justicia ordenó prisión preventiva para Maturana, que cumplía arresto domiciliario total y arraigo nacional a la espera del juicio oral, cuya preparación se iniciará el 6 de septiembre próximo. Algunos días después, sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel decretó nuevamente su arresto domiciliario total. Campillai reaccionó: “Salgamos a las calles y destruyamos y quememos todo”, fue su llamamiento. “Maldito paco [carabinero]”, aseguró. “Le dan libertad de nuevo, porque estar en la casa con arresto domiciliario es lo mismo que estar de vacaciones y recibiendo un sueldo”.
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Esa noche, hubo serios incidentes en el centro de Santiago y, en especial, en el barrio turístico Lastarria. “Se atacó a la gente que estaba en las mesas. Venían con el cántico “viva Campillai”. Arrasaron con tres restoranes. Tirando los platos de la gente al suelo, las mesas empujándolas. Había crisis de pánico de personas, llorando en la cuneta”, describió el presidente de la asociación gremial de Emprendedores y Empresarios del Barrio Lastarria, Alfonso Molina.
El candidato presidencial del Frente Amplio y el Partido Comunista, el diputado Gabriel Boric, aseguró: “Cuando uno escucha a Fabiola, creo que ante el abandono que ha hecho el Estado de Chile, primero en quitarle la vista, después en abandonarla, después en la impunidad en la que se ha desenvuelto que genera tanta frustración, los responsables de que Fabiola no pueda ver, yo no puedo sino hacer el esfuerzo por comprenderla, por empatizar con su rabia”. El postulante, sin embargo, en entrevista con un canal de televisión, agregó: “No es un llamado que yo haría por cierto, pero no soy quién para juzgar el dolor de Fabiola”.
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José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se refirió hace tres semanas al caso Campillai. “Nosotros creemos que en Chile, como en la gran mayoría de los países de América Latina, existe un Poder Judicial independiente (…) En las circunstancias que se viven en Chile, con toda la polarización que existe, hay que estar a lo que dicen las instancias judiciales”, aseguró Vivanco, que en noviembre de 2019 denunció que Carabineros había cometido “graves violaciones a los derechos humanos” en el marco de las protestas. La “evidencia sólida” recogida por la ONG mostró “preocupantes denuncias” tanto el uso excesivo de fuerza en las calles contra transeúntes y manifestantes, como abusos durante la detención de los ciudadanos, tales como golpizas brutales y abusos sexuales.
